Ortega es “despiadado” al aplicar zarpazos que “golpean” directamente a trabajadores del Estado

A parte de la reforma al artículo 45 del código laboral que reduce la indemnización por antigüedad en caso de renuncia y aumenta el período de servicio prestado al Estado para poder recibirla, el “gobierno de los pobres” eliminó un porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que por decreto de ley le correspondía al Poder Judicial, lo cual podría agudizar la crisis interna en esa institución del Estado según analistas.

La reforma al artículo 159 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aprobó este jueves 23 de noviembre con el voto de los 91 diputados de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y conformados en menor parte por legisladores de partidos “zancudos”.

La metida de mano a la ley presupuestaria, se realizó con el supuesto argumento de “homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los Poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria”.

En el Presupuesto General de la República 2024, se había predestinado al Poder Judicial un monto de 5,352.2 millones de córdobas (196,03 millones de dólares), similar al otorgado en 2023 que fue de 4210.52 millones de córdobas (154,21 millones de dólares). Esta vez, ese presupuesto para 2024 puede disminuir o ser eliminado con la reforma al artículo 159 de la Constitución nicaragüense.

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Régimen comienza a “autodevorarse”

El economista y analista político Enrique Sáenz, señaló que si la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo “aplicara este nuevo cálculo de indemnizaciones de forma retroactiva” sería una evidencia más del aplastamiento de cualquier “resquicio” de legalidad.

“Toda ley en todo régimen jurídico tiene un principio fundamental que es la no retroactividad, que obviamente si a la dictadura no le ha importado la Constitución, tampoco le importan las leyes, pues en Nicaragua la única ley es la voluntad del tirano”, aseguró Sáenz.

El experto en temas económicos y políticos, aseguró que la dictadura ha comenzado a “autodevorarse” ya que, “por un lado los trabajadores del estado de alguna manera han conformado el aparato que ha servido de respaldo a la dictadura, es decir los que han sido cómplices, coautores y complacientes con Ortega, y también de manera indirecta los distintos empleados formaban parte de ese aparato institucional que formaban parte de uno de los marcos de la dictadura”.

“En la legislación laboral hay otro principio que es el de los derechos adquiridos, en materia laboral estos son irrenunciables, y tampoco pueden despojarse, y en este caso es un derecho adquirido la antigüedad acumulada de acuerdo con la ley vigente en el momento”, dijo Sáenz al ser consultados.

Otro “enorme retroceso” del Estado

Otro economista dentro del país dijo a DaríoMedios bajo anonimato, que la decisión inconstitucional a estas reformas, significan “un retroceso enorme en los beneficios sociales logrados en favor de los trabajadores” durante gobiernos anteriores, sumado a la política de despidos sin prestaciones laborales que de hecho viene desarrollando el régimen, con todos los corridos de las instituciones estatales.

“Esta legislación es una expresión más del creciente deterioro del remitente u obedece a la alta rotación laboral de los empleados públicos por despidos masivos por razones políticas y por la gran cantidad de empleados públicos que renuncian para emigrar ya qué no aguantan las imposiciones políticas y el espionaje”, argumentó el especialista.

La fuente argumentó que la medida aspira a “motivar que las personas permanezcan aguantando represión en sus empleos y disminuir el gasto público” economizando el pago por antigüedad a los menores de 3 años.

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Beneficios y derechos aniquilados

Por su parte, la diplomática Alexa Zamora reafirmó que la “jugada” anti democrática del orteguismo, afecta los beneficios y derechos adquiridos en materia laboral por los trabajadores del Estado, haciendo una serie de modificaciones “regresivas” que afectan directamente.

“Cuál es el objetivo fundamental de esta reforma, como dije, el control total y absoluto sin ninguna discusión de este poder del Estado y segundo en el control de quienes son funcionarios de rango bajo y medio sin discusión de los altos funcionarios a la voluntad de la dictadura, ya que como sabemos muchos funcionarios del Estado han cuestionado o cuestionan internamente al régimen”, detalló Zamora.

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