El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por medio de la Asamblea Nacional que permanece bajo su control, reformó la “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado” -regida hasta ahora por el artículo 45 del Código del Trabajo-, reduciendo la indemnización por antigüedad en el caso de renuncia a trabajadores públicos.

Antes, un trabajador tenía derecho a una indemnización equivalente a un mes de salario luego de un año prestando servicio al Estado nicaragüense, ahora con la reestructuración de la Ley, los colaboradores obtendrán un mes de salario por cada uno de los primeros tres años laborados y 20 días proporcionales a personas que hayan permanecido de 4 a 6 año, alargando el tiempo para poder tener prestaciones por antigüedad.

Esto representa otro zarpazo a la institucionalidad democrática por parte del régimen Ortega-Murillo, puesto que según el abogado y ex funcionario Yader Morazán, “violenta el principio laboral de la ley “suprema art.82.1Cn”.

No hay sindicatos ni derechos laborales

El artículo textualmente señala que: “Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana”.

Morazán resaltó también, el hecho que los sindicatos se encuentran eliminados o monopolizados y que no existe ninguna instancia donde los trabajadores puedan acudir y defender sus derechos. “¿No era el gobierno de los “pobres” (engañados) el que se jactaba a nivel internacional hablando de la igualdad ante y en la ley? El mismo que “dio cátedras sobre la obligación de eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses” señaló el jurista en su cuenta de X.

“Tampoco hay sindicatos a dónde acudir, porque el “sindicalista” de Ortega los eliminó a todos, y los que dicen ser no se pueden ni defender así mismo, sino pregúnatale a Carlos Alberto Tinoco del Poder Judicial, que se comió su fuero sindical, cuotas económicas sindicales, dinero de los comisariatos y hasta los derechos laborales de los cientos de destituidos que él dice representar”, añadió el ex funcionario público.

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Reform fue aprobada con 92 votos

El zarpazo al Estado por parte del régimen sandinista, fue aprobado con 92 votos a favor y se justificó para supuestamente “regular las indemnizaciones por antigüedad es una de las medidas que se requieren impulsar para que permanezca el respeto al derecho de los trabajadores ante la renuncia”.

Así mismo, adujeron que otro de los objetivos de la inconstitucional decisión, es: “el manejo eficiente de las finanzas públicas por parte del Estado permite asegurar y mantener la estabilidad y crecimiento económico, para continuar garantizando los derechos de todos los nicaragüenses y especialmente de los trabajadores del sector público, incluyendo la seguridad social”.