El ahora llamado grupo de Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde rechazó las próximas elecciones regionales de la Costa Caribe Nicaragüense; a realizarse el próximo tres de Marzo, afirmando que estos procesos, sin competencia política, son una «farsa».
A la vez demandó la libertad inmediata de los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, afirmando que «no puede haber un proceso electoral bajo amenazas, donde los partidos nacionales y regionales han sido ilegalizados y donde la autoridad electoral carece de credibilidad».
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«Esta nueva farsa electoral forma parte del entramado del régimen con el fin de continuar explotando sin límites los recursos naturales de la región y procurarse financiamiento de organismos financieros internacionales simulando el respeto a la autonomía de los pueblos originarios, misma que ha liquidado», agregó el grupo opositor.
Además recordó que el orteguismo ha extendido la persecución a las familias «de cualquiera que perciban como opositor, despojando de sus bienes y de sus pensiones a varios de ellos. Estos y otros abusos, serán anulados en la Nicaragua democrática».
Por otra parte y en referencia a las promesas de Monteverde, los integrantes de la organización afirmaron estar comprometemos a mantener y fortalecer sus «esfuerzos de concertación, dentro y fuera del país, y continuar gestionando ante la comunidad internacional para que se aumenten las presiones contra la dictadura de Ortega y abrir una salida democrática y pacífica a la crisis nicaragüense».
Finalmente, Monteverde aprovechó para denunciar las amenazas contra el defensor de derechos humanos Danny Ramírez Ayerdiz y demás ejecutivos de CALIDH.
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«Sumamos nuestro apoyo al proceso abierto por impulso de CALIDH por crímenes de Lesa Humanidad en contra personeros del régimen bajo el principio de Justicia Universal. Todos los responsables de estos delitos sean juzgados», remarcaron.
Desde que Ortega retornó al poder en 2007 ha mantenido un centralismo en los procesos electorales donde los ha celebrado pero luego de encerrar en la cárcel a los principales líderes políticos, dejando solo los calificados como partidos colaboracionistas; misma situación que ha pasado en la Costa Caribe.