Interpol, la organización Internacional de Policía de la que se ha valido Daniel Ortega para perseguir a opositores

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) ha cobrado notoriedad en Nicaragua y más cuando se trata de persecución contra opositores que están en la lista negra de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A pesar de que el artículo tres del estatuto de la Interpol prohíbe rigurosamente toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial, el régimen orteguista se ha enfocado en solicitar la persecución y búsqueda de opositores sacerdotes, políticos, periodistas y todo crítico.

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Aunque las solicitudes de parte de Nicaragua a la Interpol para extraditar a nicaragüenses ha tomado relevancia desde el 2021, hay antecedente de la voraz persecución que ha emprendido en años anteriores.

Uno de los casos más relevantes fue el de Roberto Bendaña McEwan, expresidente de Hagamos Democracia, quien en 2015 fue acusado por la justicia de Nicaragua por el supuesto delito de estafa agravada y crimen organizado en perjuicio de 17 personas por un monto que asciende a más de siete millones de dólares.

Luego de salir del país y poner en resguardo su vida, el régimen de Ortega solicitó a la Interpol su requerimiento para su extradición, pero Bendaña señaló que la persecución en su contra era por razones políticas y pidió ser retirado de la lista de buscados.

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En una pasada entrevista con el diario La Prensa, Jason Poblete, abogado de Roberto Bendaña refirió que «algunos países están utilizando a Interpol para violentar los derechos humanos como en el caso del señor Bendaña».

Además, explicó que esta misma acción la ha realizado Venezuela «y es debido a esos abusos que ahora él (Robert Bendaña) puede recurrir a Interpol y explicar directamente las razones por las que su nombre no debe de estar en esa lista».

Las recientes solicitudes a la Interpol

Tras la ola represiva, iniciada en 2018, la administración sandinista desató una ola represiva contra todo nicaragüense que le ha sido un obstáculo y utilizó una vez más a la Interpol para perseguir a los que pudieron salvar su integridad física.

Luego que en 2022 la dictadura utilizó todo su poder para secuestrar a religiosos, periodistas, defensores de derechos, académicos y activistas, el 30 de septiembre del mismo año ordenó la detención en contra de dos trabajadoras del diario La Prensa.

La orteguista Nalia Nadezhda Úbeda Obando, jueza del juzgado quinto de lo penal de Managua giró oficio a Interpol «para lo de su cargo bajo la presunción que estas han abandonado el país de Nicaragua».

El supuesto delito del que se les acusa a las dos nicaragüenses es conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Pese a esta orden, la Interpol no procedió a las pretensiones del régimen Ortega-Murillo, luego que, según fuentes, el organismo policial informara a las dos trabajadoras de LP de esta acción y que no realizarían la extradición amparándose en el artículo tres de su constitución.

Padre Uriel Vallejos, blanco de régimen de Ortega

En diciembre del mismo 2022, luego que el padre y desterrado político Uriel Vallejos salió de Nicaragua para poder proteger su vida, el régimen de Ortega giró orden de captura en su contra, sumándose a la lista de buscados por la Interpol.

 La justicia sandinista acusó al religioso por menoscabo al integridad nacional y propagación de noticias falsas, al igual que monseñor Rolando Álvarez, desterrado y desnacionalizado el 14 de enero de este año a Roma.

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En entrevista con Darío Medios Internacional, el padre Vallejos, quien actualmente tiene la nacionalidad española, recordó que cuando se conoció de la orden de captura internacional en su contra logró demostrar que la arremetida en su contra era «una forma de intimidar»

«Sabemos que no había fundamento para girar una orden de captura», señaló el sacerdote, quien dijo que la Interpol no le informó de la orden de detención en su contra.

«También investigué en otros países de Europa pero no había ninguna carta u orden de circulación (…)pero es lamentable lo que sucede porque se tiene que investigar bien los hechos», agregó.

Antes de que se le fuese otorgado la nacionalidad española, el padre Uriel Vallejos recordó que sintió temor que con la condición de apatridia sería victima de extradición.

Según el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión la vida del párroco de la iglesia Divina Misericordia en Sébaco corría peligro en Nicaragua debido al ensañamiento de Daniel Ortega contra la Iglesia católica.

Dueño de Prisa, otro objetivo de Ortega

Otro objetivo del régimen nicaragüense fue el empresario mexicano-nicaragüense Mario Hurtado Jiménez, dueño de la empresa de préstamos Prisa, misma que se le fue expropiada.

En agosto del 2022, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) pidió a la Interpol capturar a Hurtado por el supuesto delio de lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos.

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Pero Mario Hurtado alegó que la acción del Estado de Nicaragua es represalia política porque abandonó el gobernante partido Frente Sandinista para ser opositor.

Sin embargo, otros opositores nicaragüenses que se refugiaron en otros países no han corrido con la misma suerte, como es el caso de Walner Ruiz Rivera y Douglas Gamaliel Pérez que fueron extraditados a Nicaragua a través del Interpol.

Pese a que la justicia de Daniel Ortega argumenta que los dos nacionales cometieron delitos comunes, organizaciones opisiotras afirman que es otra arremetida de la dictadura.

Además se sabe que el otro opositor que corre el riesgo en ser extraditado es Reinaldo Picado, quien es requerido por Nicaragua tras acusarlo por el asesinato de una oficial de la Policía.

Tras más de 17 años atornillado al poder, el dictador Daniel Ortega persiste con su persecución contra opositores, a quienes les sigue montando delitos, argumentando que lo hace para «asegurar la paz».