Medardo Mairena: extradición de opositor refleja cooperación de Costa Rica con el régimen

Una  polémica se ha desatado en la comunidad de refugiados nicaragüenses en Costa Rica, luego de que este país ejecutará la extradición a Nicaragua a uno de dos opositores del régimen Sandinista y exmiembro de la contra o Resistencia Nicaragüense. Todo ocurrió la tarde del viernes 16 de febrero de 2024.

El  extraditado es Douglas Gamaliel Pérez Centeno, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias “Relámpago”.

Cabe destacar que, la dictadura acusa al opositor por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, junto con Reinaldo Picado Miranda, alias “comandante Omar” y también exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, quien aún permanece encarcelado en Costa Rica.

La extradición  se da a menos de seis meses después de que un juez del Tribunal de Juicio de Puntarenas y el Tribunal de Apelaciones en Alajuela, aprobaron y ratificaron, respectivamente, su envío a Nicaragua. Aunque se impidió por un Habeas Corpus, cuando el abogado defensor supo que los enviarían a Nicaragua por la madrugada, pero no impidió el proceso.

El representante legal de Álvarez y de Picado Miranda,  Daguer Hernández, aseguró que interpuso ante la Sala Constitucional de Costa Rica un segundo Habeas Corpus para evitar la ejecución de la extradición de Álvarez; y que  la Sala Constitucional acogió el recurso la tarde del 16 de febrero, pero que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya habían ejecutado la extradición.

El Habeas Corpus, presentado por Hernández, se basó específicamente en el riesgo de que Álvarez fuese sometido a tortura en Nicaragua, por tratarse de un opositor perseguido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lamentan decisión de Costa Rica

Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, lamentó que Costa Rica no haya respetado el debido proceso. Luego de varios intentos ante organismos internscionales por evitar  la extradición.

“Seguiré denunciando esta injusticia por todas las vías legales, hasta en las últimas instancias correspondientes. Igual que lo hice ante de la CIDH”, dijo Mairena.

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En tanto, para Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos esta acción es efectivamente preocupante, pues el imputado es extraditado a un país donde no existen garantías judiciales de ningún tipo y en donde se practica la tortura de manera sistemática.

“Sin embargo, no consideramos que este hecho sea un patrón o una práctica del estado costarricense, que se ha caracterizado por el respeto a los derechos humanos”, alegó Arce a Darios Medios.

Asimismo, el abogado considera “que toda persona señalada de la comisión de un delito debe responder ante la justicia, de ahí que la obligación de los Estados debe ser brindar las garantías para un debido proceso, lo cual no es posible en este momento en Nicaragua, gobernado por una régimen antidemocratico”.

Es válido recordar que en octubre de 2023, hubo un intento de ejecución de extradición de Álvarez y Picado Miranda, pero Hernández logró frenarlo con un Habeas Corpus que presentó ante la Sala. El otro excontra, Reinaldo Picado Miranda, ha presentado una solicitud de refugio ante las autoridades migratorias, que todavía no ha sido resuelta.

Pese a todo lo establecido, el OIJ informó que los agentes de la Oficina Central Nacional – Interpol San José realizaron un operativo para extraditar al hombre de nacionalidad nicaragüense, ya que es requerido por las autoridades de Nicaragua.

Gobierno de Rodrigo Chaves deslinda responsabilidades en el caso

“La extradición es un proceso 100 % judicial en el que sólo tienen participación y ejecución las autoridades de ese Poder de la República”. Se lee en un comunicado oficial de la Casa Presidencial dado a conocer este domingo 18 de Febrero.

“Aclaramos que este proceso, verificado y desarrollado jurisdiccionalmente y al ser de naturaleza judicial, no participan autoridades del Poder Ejecutivo en forma absoluta”. Concluye la misiva.

“La extradición del opositor se efectuó este viernes bajo dirección del Tribunal Penal de Liberia (de la provincia de Guanacaste) en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con colaboración de la Policía Nacional de Migración”, indica el comunicado oficial.