Para el próximo domingo, tres de marzo están programadas las elecciones regionales en la Costa Cribe de Nicaragua. Estos comicios son calificados como espurios por desarrollarse sin ninguna competencia política.
Con un centralismo político, así como el secuestro del los líderes del ilegalizado partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, el régimen de Ortega ha organizado la elecciones regionales.
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Además de la arremetida contra los líderes políticos indígenas, la dictadura no ha resuelto los casos de invasión de colonos contra los pueblo indígenas, más bien ha encarcelado y condenado a guardabosques y líderes territoriales, acusándolos de delitos comunes.
Ante un panorama incierto, el Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo las órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo efectuará las elecciones regionales con partidos políticos que, según Transparencia Internacional, no tienen posibilidades de ganar.
Asimismo indica que estos partidos «participan en el proceso electoral regional como colaboradores» del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), calificándolos, además, de «satélites» que encubren el próximo fraude electoral.
Deterioro alarmante «alarmante» elecciones regionales
Para Transparencia Internacional, la situación electoral ha sufrido un deterioro alarmante por la calidad del padrón electoral, «el control absoluto del FSLN a lo largo y ancho del sistema electoral, desde la cedulación hasta cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)».
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A la vez recordó que no existe ningún mecanismo ni organización que vaya a auditar el proceso electoral regional, porque todos fueron eliminados.
Por otra parte, indica que en teoría, los pobladores de ambas regiones autónomas tendrían que elegir a 45 miembros del Consejo Regional en el Caribe Norte y otros 45 en el del Caribe Sur, con igual número de suplentes. Estas regiones son las poblaciones más vulnerables en temas económicos del país.
Los partidos satélites en la contienda caribeña
Los partidos políticos que el régimen de Daniel Ortega de dejó vivos y permitió competir en estas próximas elecciones regionales son los siguientes:
1. Partido Liberal Constitucionalista (PLC) – Casilla No. 1
2. Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional – Casilla No. 2;
3. Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) – Casilla No. 9;
4. Partido Alianza por la República (APRE) – Casilla No. 10
5. Alianza Partido Liberal Independiente (PLI) – Casilla No. 13
Todas estas organizaciones, a excepción de Yatama, no han criticado los procesos electorales en Nicaragua, mucho menos se han atrevido a ser contradecir los mandatos del régimen de Ortega.
Denuncian y critican «farsa electoral»
Ante esta situación, donde los caribeños se enfrentan a unos procesos amañados, el ejercicio de la unidad en acción de diferentes organizaciones de la oposición señaló que el régimen de los Ortega-Murillo desarrolla «a través del Consejo Supremo Electoral y con el apoyo de las fuerzas armadas y de todo su aparato institucional, en las próximas elecciones regionales (…)».
Además, afirmó que este proceso de las elecciones regionales está plagado de violaciones a los derechos a la libre determinación y a los derechos políticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
«Este circo electoral se realiza en un contexto de violencia sistemática por la invasión a las tierras ancestrales, el cierre de los espacios cívicos, intimidación, el encarcelamiento, la represión, persecución, criminalización, la desaparición forzada de dirigentes políticos, e ilegalidades frecuentes contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y los habitantes de la Costa Caribe», resaltó .
Las organizaciones que conforman la plataforma recordaron que este es el segundo proceso electoral regional desde el inicio de la crisis sociopolítica del 2018 en Nicaragua, sin condiciones y en total ventaja para la dictadura.
También insistieron en que estas elecciones serán las primeras en donde abiertamente los Ortega-Murillo eliminaron por completo la participación y representación de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en sus gobiernos regionales, mientras promueve la apropiación de los recursos naturales y el despojo de sus tierras ancestrales.
