En los últimos años, la migración se ha convertido en un recurso para familias completas que optan por dejar su país en búsqueda de mejores oportunidades laborales y una mejora económica. En otros casos, buscan refugio donde puedan vivir con libertad y sin temor a la represión de los regímenes en sus naciones.
En esta búsqueda de oportunidades o refugio, muchas veces familias enteras deciden emprender viaje, incluso con menores de edad, en una travesía larga y peligrosa, siendo los niños los principales afectados por la delincuencia que encuentran en su arriesgado periplo.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha informado que durante los primeros cuatro meses de 2024, más de 30 mil niños cruzaron el Darién, lo que representa un incremento del 40 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.
De esos 30 mil infantes, cerca de dos mil llegaron a Panamá solos o separados de sus familias, triplicando la cifra del primer cuatrimestre de 2023.
La mayoría de estos niños están expuestos a delitos sexuales, peligros naturales y la amenaza de grupos criminales organizados, según informa Unicef. Todo esto se desarrolla en un contexto de insuficiente atención psicológica y legal que debería ser proporcionada por el Estado en los lugares de acogida inicial.
Las estadísticas oficiales indican que en los primeros tres meses de este año, un total de 110 mil personas cruzaron la jungla, superando las 87 mil 390 registradas en el mismo período de 2023. Durante este tiempo, 24 mil 268 menores de edad realizaron el tránsito, en comparación con los 17 mil 356 del año anterior.
La Defensoría del Pueblo ha instado a una acción coordinada y urgente por parte del Estado y otros actores frente al aumento exponencial de personas que ingresan irregularmente a Panamá, con el fin de atender sus necesidades de protección y prevenir violaciones de sus derechos humanos.
Entre los principales desafíos que enfrentan los niños y adolescentes en términos de protección se encuentran el acceso a servicios básicos, a la justicia, y la falta de seguridad durante el tránsito por la selva, así como en las comunidades de las zonas fronterizas y en los centros temporales de recepción migratoria.
También se ha destacado la presencia de grupos delincuenciales organizados que perpetran violencia física y psicológica de manera sistemática contra los migrantes, a través de extorsiones, intimidación, humillación, tortura, robos y otros delitos.
El estudio indica además que el aumento del flujo migratorio ha sobrecargado la capacidad operativa de las instituciones estatales que prestan servicios básicos, así como de los actores de cooperación en las comunidades receptoras, cuya capacidad de acogida se ha visto desbordada, y la infraestructura no ha sido ampliada ni mejorada.
Recientemente, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que una de sus primeras medidas, tras su toma de posesión el 1 de julio, sería el cierre de la zona limítrofe con Colombia y la deportación de los migrantes ilegales, asegurando que se respetarán sus derechos humanos.
