El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intentado legitimar la confiscación masiva de propiedades en Nicaragua, alegando que se trata de una “recuperación para el pueblo”. A través de la Procuraduría General de la República (PGR), la administración sandinista afirmó que las propiedades recuperadas eran “usufructuadas indebidamente” por particulares y organizaciones sin fines de lucro (OSFL). En un comunicado emitido el viernes 17 de mayo de 2024, la PGR defendió la transferencia al Estado de centenarios de propiedades, atribuyéndola a procesos penales relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos contra la seguridad ciudadana y la soberanía. Según la narrativa del régimen, estas acciones también se justifican por el incumplimiento de la legislación que regula a las OSFL.

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El informe de la PGR llega un día después de la publicación de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), que estima que las confiscaciones efectuadas en Nicaragua ascienden a más de 250 millones de dólares. Esta investigación, titulada “La Nueva Piñata Ortega-Murillo”, revela que las confiscaciones se intensificaron desde 2018, alcanzando un pico en febrero de 2023 tras el destierro de 222 expresos políticos y la desnacionalización de 94 ciudadanos.

Desde 2018, el régimen ha confiscado empresas, viviendas, medios de comunicación, universidades, cámaras empresariales e iglesias. La PGR asegura que estos bienes están siendo utilizados para programas que benefician a la población, argumentando que el Estado ha restituido estos bienes “a favor del pueblo nicaragüense”, en beneficio de quienes han sido más afectados por las acciones delictivas de los anteriores propietarios.

La justificación del gobierno no convence a todos. La oposición y diversos analistas ven en estas acciones una violación al Artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, que prohíbe la confiscación de bienes. Además, critican la opacidad y el temor que rodea estos procesos, dificultando una evaluación precisa del impacto real de las confiscaciones.

La PGR insiste en que las confiscaciones son legales y necesarias para combatir el crimen y la corrupción. Según el comunicado, las propiedades confiscadas provienen de resoluciones administrativas y procesos penales, y que la medida es una restitución legítima al pueblo nicaragüense. Sin embargo, esta explicación omite que muchos de los bienes confiscados pertenecían a ciudadanos y organizaciones que trabajaban en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Noticia de Interés: MÁS DE 250 MILLONES DE DÓLARES CONFISCADOS EN NICARAGUA POR ORTEGA Y MURILLO

La investigación del OPTA destaca que estas acciones del régimen han generado una deuda pública significativa, ya que el costo de las confiscaciones supera los USD 250 millones. Esta cifra, según los autores del informe, es preliminar y podría aumentar debido a la falta de información disponible y el miedo de los afectados a denunciar.

Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, el régimen de Ortega ha desempolvado prácticas de confiscación masiva, reminiscentes de las políticas sandinistas de décadas pasadas. Inicialmente, las confiscaciones se centraron en organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación, pero desde 2023 se han extendido a personas naturales, a quienes se les ha despojado de su nacionalidad y propiedades.

Un caso emblemático es la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en agosto de 2023. El régimen acusó a la UCA de terrorismo y canceló su personería jurídica, transformándola en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro (UNCSM). Este acto es un claro ejemplo de cómo las políticas de confiscación no solo afectan a individuos y organizaciones, sino también a instituciones educativas y culturales.

En conclusión, el régimen de Ortega y Murillo justifica las confiscaciones como una medida de justicia social y legalidad, mientras que la oposición y numerosos observadores internacionales ven en estas una estrategia para consolidar el poder y silenciar a la disidencia. La verdadera magnitud y consecuencias de estas confiscaciones aún están por verso, pero ya han dejado una huella profunda en la sociedad nicaragüense.