Dictadura impone “doble condena” contra las personas presas políticas revela un informe de la UDJ

Un estudio realizado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), revelo que en Nicaragua el régimen de la familia Ortega-Murillo impone una “doble condena” contra las personas presas políticas, por una parte, la que sufren los disidentes y por otro lado la de sus familiares, la cual se traducen en agudización de niveles de pobreza, impacto en la salud física como psicológica y un grave retroceso en materia de género.

El estudio realizado a 93 personas en el periodo 2018–2022, resalta que “El 73% de las personas presas políticas ejercían jefatura de hogar y representaban un importante porcentaje del ingreso familiar, el cual se vio drásticamente afectado debido a su detención”, demostrando que la pérdida del ingreso familiar, sumado al incremento de gastos en paquetería y transporte para atender las necesidades de las personas presas, ha sido percibida como uno de los impactos más devastadores.

“Los niveles de pobreza se agudizaron en las familias, las cuales ya estaban en el umbral de la pobreza y, al no poder satisfacer la canasta básica alimentaria, ni los costos de sostenimiento de la vida de su familiar preso, se encuentran en una situación crítica”, detalla una nota de la UDJ sobre el estudio.

Grave impacto en la salud

Según el informe, el 82% de los encarcelados por el régimen de los Ortega-Murillo vieron afectada su salud, esto como consecuencia de la infraestructura precaria e insalubre en la cual se mantienen recluidos, sumado a esto el sometimiento de la tortura y tratos crueles por parte de funcionarios del sistema carcelario sandinista.

“La mayoría de las personas que han sido privadas de libertad, han desarrollado nuevos   padecimientos y/o se han agravado padecimientos existentes producto de la exposición a tortura y tratos crueles, así como condiciones de reclusión infrahumana y la deliberada denegación de brindar atención y servicios médicos de forma oportuna y especializada para sus padecimientos”, señalan los abogados.

Además, l estudio revela que muchas familias ya no pueden hacer entrega de paquetería médica al verse afectada su economía familiar lo que impacta la salud mental como de los secuestrados por el régimen como de las y los familiares.

“Género, cuidados y sostenimiento de la vida”

Otro de los principales hallazgos es el es que la violencia política ha conllevado un grave   retroceso en materia de género, ya que las mujeres en su condición de familiares han   experimentada violencia política antes, durante y posterior a la reclusión de sus familiares a través de sus instituciones y estructuras represivas, ejercida principalmente por la policía y funcionarios del sistema penitenciario.

Existe en las familias de personas presas políticas la tendencia a un incremento desproporcionado de sobrecargar a las mujeres del núcleo familiar, explica el estudio: esta sobre carga se da “tanto a nivel del trabajo productivo como a nivel del cuido de los dependientes del hogar, en las familias entrevistadas el 78% tiene a su cargo menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores en su seno” agrega el estudio.

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Por último, el informe concluyó en que “Las relaciones intrafamiliares se ven alteradas profundamente y las familias sufren las consecuencias a corto y largo plazo en sus vidas. Por lo que se trata de una realidad que precisa de intervención y que nos suele pasar desapercibida”.