Amaru Ruiz: “Ningún proyecto climático debe violar derechos fundamentales”

Luego que el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) suspendió el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resilencia en la biosfera de Bosawás y Río San Juan en Nicaragua, esto significó un revés para la dictadura sandinista.

Esta decisión fue basada por “el incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales (ESS)”, según dicho organismo. Ante esta situación, las reacciones diversas no se hicieron esperar.

El ambientalista Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Rio, precisó a Darío Medios Internacional, que el hecho que el Fondo Verde, haya rescindido de dicho acuerdo, denota que evidentemente ha habido suficiente información e investigación que demuestran el incumplimiento de las políticas y procedimiento del Fondo Verde para el Clima.

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“Esto significa, primero un referente histórico para el mecanismo del Fondo Verde del Clima, sobre todo partiendo de que ningún proyecto de cambio climático puede violar derechos en las comunidades donde se implementa y yo creo que ese precepto es una de las cosas que está generando un precedente importante desde el Fondo Verde del Clima, porque se ha convertido en el fondo que mayor recursos financieros se está gestionando para la lucha contra el cambio climático”, explicó Ruiz.

De igual forma reconoció la resistencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes que valientemente han denunciado las situaciones en sus territorios, asi como todas las anomalías que precedieron a este proyecto y sobre todo la consulta libre, previamente informada en sus propios territorios que evidentemente genero insumos importante para la decisión del Fondo Verde.

“También hay que reconocer el trabajo de las organizaciones de sociedad civil que acompañaron durante años el esfuerzo de poder demostrar el incumplimiento a los procedimientos de parte del régimen Ortega -Murillo y de la situación que viven las comunidades indígenas en sus territorios, y demostrar con pruebas que había una situación que no permitiría la ejecución de este proyecto”, apuntó el ambientalista.

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Agregó que con la suspensión del proyecto se demuestra una vez que existen todavía mecanismos y algunas ventanas de oportunidad para seguir denunciando las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que ocurren en Nicaragua.

La organización de comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, Prilaka Community Foundation, expresó a través de una comunicación con este medio que ellos han denunciado los riesgos del proyecto, incluyendo la promoción de mayor deforestación, la legitimación de invasiones violentas y la violación de los derechos humanos de las comunidades, así como la profundización de la colonización cultural de estos pueblos.

“Lamentablemente, esta valiente labor ha sido respondida por el Gobierno de Nicaragua con represión a todos los niveles, lo que ha obligado al exilio a muchos líderes indígenas y afrodescendientes, la suspensión de organizaciones civiles de distinta naturaleza y ha deteriorado la resistencia comunitaria”, puntualiza el comunicado.

Hicieron un llamado al Estado de Nicaragua a iniciar cuanto antes el saneamiento territorial, incluyendo, pero no limitándose, a la judicialización de los traficantes de tierras indígenas, el desarme de bandas armadas y el desalojo de terratenientes ilegales grandes y pequeños; y la suspensión de actividades de minería y de monocultivo en territorios en áreas protegidas y en territorios indígenas.

“Asimismo, exigimos el cese de la persecución y criminalización de líderes comunitarios, y el reconocimiento de la voluntad de las comunidades para elegir sus propias autoridades comunales y territoriales en asambleas amplias y democráticas”, finalizó el comunicado.