El binomio dictatorial Ortega-Murillo de Nicaragua ha impuesto una sola cara en los municipios, y todo lo deciden “a puerta cerrada” en Managua, es decir desde su emporio en El Carmen.

De esta forma, dejan confinada la autonomía municipal en el país a menos de un año del establecimiento del control absoluto del Frente Sandinista en los 153 municipios del país, tras el robo electoral de 2022, asegura el municipalista Silvio Prado, coautor del informe “Municipios nicaragüenses: Entre la subordinación política y el rechazo ciudadano” de la oenegé Red Local, presentado esta semana.

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La investigación arrojó que las decisiones se toman en reuniones a puertas cerradas en Managua y no en los municipios como debería ser. Algo que no es extraño, pues los Ortega-Murillo concentran todo el poder del país en sus manos.

El informe también evidenció la corrupción y rol de los alcaldes, concejales y secretarios políticos afines al FSLN en el esquema de control político municipal por el régimen sandinista. Es decir, todos son harina del mismo costal. No existe autonomía ni ética ni moral.

“Son los encargados de ejecutar las órdenes de arriba”, afirmó el investigador, quien también señaló que el FSLN pretende “despolitizar” y desmotivar a la ciudadanía mediante “la privatización de asuntos de interés público” y el cierre masivo de oenegés.

Calidh: Las destituciones en la CSJ son resultado de años de subordinación a los Ortega-Murillo

Y si habláramos de estar bajo el yugo dictatorial, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), manifestó su preocupación este miércoles por la constantes barrida de magistrados y otros funcionarios en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua.

La organización dijo que dichas destituciones «son el pleno resultado de años de subordinación voluntaria a los Ortega-Murillo, incluso antes de la rebelión civil de 2018».

Dicha situación en Nicaragua en calificada por Calidh como un «escarmiento» a aquellos que no defendieron los derechos humanos y la democratización en el país centroamericano allá por 2018, incluso recuerda que «la Corte Suprema tuvo la oportunidad de declarar la ilegalidad criminal de los actos del régimen», pero no lo hizo, en cambio contribuyó a que el régimen Ortega-Murillo continuara persiguiendo y reprimiendo a la oposición nicaragüense.

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En tanto, el informe de Silvio Prado enfatiza en que está confinada la autonomía municipal, “máxime en esos municipios donde antes no gobernaba el Frente Sandinista. Y ahora lo que han hecho es que le han puesto una pijama a rayas, en una jaula de hierro”, o sea, estos municipios no tienen el derecho de tomar decisiones, una realidad cada vez más apabullante si tomamos en cuenta que Rosario Murillo se alza como la sucesora al trono y reprende a los alcaldes cada vez que las cosas no se hacen como ella dice.

Y si algún alcalde o su séquito pasa por alto alguna orden, Murillo simplemente les vuela la cabeza, es decir, los despide y pone a alguien que obedezca sin mirarle a los ojos.