Ortega controlará comunicaciones de Nicaragua a través de la Ley de «Telecomunicaciones convergentes»

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de «Telecomunicaciones convergentes» con la que se propone controlar, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) las comunicaciones de Nicaragua.

En cuanto al objeto, ámbito, aplicación, principios y definiciones de la iniciativa de ley, el artículo uno de la misma detalla que esta se enfoca en «normar, planificar, supervisar, fiscalizar, y desarrollar el sector de las telecomunicaciones».

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Asimismo señala que quienes están sujetos a la disposiciones de la Ley serán los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de audiovisuales; servicios de comunicaciones audiovisuales, así como las personas naturales o jurídicas que hacen uso de los recursos públicos administrados por Telcor, entidad utilizada por el orteguismo para censurar a medios de comunicación.

Señala, además, que estarán sujetos a la inventada ley los usuarios de servicios públicos de comunicaciones audiovisuales.

Ortega también pretende controlar a los propietarios de sistemas o flotas de satélites, que requieran aterrizar su señal en territorio nacional y las personas naturales o jurídicas que internen equipos de telecomunicaciones.

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A como ha sucedido con otras leyes para controlar a los medios de comunicación, la Ley deja a discreción de Telcor, «corregir las asimetrías, distorsiones en la información o malas prácticas que vulneren la situación de los usuarios frente a los Operadores».

«En caso de ambigüedad, falta de información o dudas de interpretación, Telcor aplicará la norma más favorable a los usuarios», subraya el artículo cuatro de la Ley.

Licencia Servicios Públicos para la comunicaciones

Por otra parte, artículo 16 establece que para la prestación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones se requiere del otorgamiento de licencia de servicios públicos de telecomunicaciones por parte de Telcor , la que comprende a su vez el derecho de instalación, operación y explotación de las redes y la infraestructura requerida para la prestación de todos los servicios, sujeto a las obligaciones y condiciones que establece la presente Ley y las normativas que al efecto emita Telcor .

En los casos de microtelcos o MIPYMES de telecomunicaciones, para acceder a las condiciones especiales regulatorias aplicables a esta categoría, establece que el solicitante deberá presentar ante Telcor el documento emitido por Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) que lo acredite Como MIPYΜΕ.

La licencia de servicios públicos de telecomunicaciones tendrá un plazo de vigencia de hasta 10 años, renovables a solicitud del operador. El titular de la Licencia deberá presentar su solicitud de renovación ante Telcor al menos con un año de antelación a su vencimiento, la cual se renovará previo cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el marco regulatorio vigente, incluyendo el pago del monto correspondiente que establezca Telcor en la normativa relativa a derechos y cánones.

Ortega deroga Ley General de Telecomunicaciones

Con la iniciativa de ley, la dictadura orteguista deroga la 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, la que publicada en La Gaceta, Diario Oficial 154 del 18 de agosto de 1995.

Además anuló la ley 670, Ley de Prórroga a las Licencias de las Empresas, Personas Naturales o Jurídicas que Operan Radio, Televisión y Tele Cable, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número 181 del 22 de septiembre de 2008.

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Tras esta disposición del régimen de Ortega, el periodista y director del medio de comunicación Darío Medios Internacional, Aníbal Toruño, explicó que Ortega está borrando todo el marco jurídico alrededor del manejo en las telecomunicaciones, afectando así a radio, televisión, prensa y cableras.

En referencia al alcance de la Ley, Toruño subrayó que la situación es «sumamente grave» porque se podría estar a «en la antesala del control de todas las telecomunicaciones, que ya de por sí están siendo afectadas por las acciones y normativas de contenidos y manejo de transmisión de datos por las compañías de comunicación».

Añadió que la Ley podría controlar el servidor entre los proveedores de internet internacional y los nacionales, teniendo como consecuencia el bloqueo, censura o cambiar el contenido de las plataformas digitales que actualmente operan con contenido para Nicaragua, especialmente los medios informativos digitales.

De aprobarse la Ley «Telecomunicaciones convergentes», esta estaría en vigencia en un plazo de 12 meses, después de su publicación en el diario La Gaceta. De esta manera la administración orteguista da nuevo zarpazo y golpe a las comunicaciones.