El transporte público de Nicaragua es calificado por los ciudadanos como deficiente y uno de los peores de la región centroamericana.
Caracterizado por sobrecarga en las unidades, mal estado mecánico de la mayoría de los buses. También por conductores manejando a alta velocidad y muchas veces en estado de ebriedad y por irrespetar las señales de tránsito.
En ese sentido, DaríoMedios Internacional, conversó con un jurista que conoce la problemática de transporte en el país y pidió omitiéramos su identidad por temor a represalias.
Aseguró que el problema de fondo del transporte público en Nicaragua, es la politización del sistema. Ese contexto ha derivado accidentes de tránsito que han cobrado la vida decenas de personas y otras con graves lesiones.
“Ese peligro a que a diario están expuestas los usuarios no ha sido solventado, ni regulado, tampoco concurrido por las autoridades, a pesar que el “Estado”, tiene la misión de “normar, dirigir y regular el servicio público de transporte y bienes en el territorio nacional”, destacó.
Concesiones son otorgadas a los transportistas por apoyo político
Señaló que todas las concesiones son otorgadas a sus militantes sin exigirles un servicio de calidad, a cambio de su apoyo en todas sus movilizaciones e incluso en labores represivas contra la población.
“No existe una sana competencia entre los operadores a quienes no les interesa brindar un buen servicio a los “usuarios”, recalcó.
Estableció que el régimen contrata unidades de trasporte con Rusia o China sin exigir unidades apropiadas para las condiciones del país y las traslada siempre como premio político a los concesionarios
La dictadura ha construido un modelo que privilegia su sostenibilidad sin interesarse por las necesidades de los ciudadanos”, formuló.
Producto de ese modelo, es visible, que las unidades de transporte en Managua, circulen al máximo de su capacidad en tiempos pico, donde los pasajeros sufren ocurrencias.
Del mismo modo hay choferes que no esperan que los pasajeros terminen de subir a las unidades y siguen la marcha, inclusive hay mentores que ponen a alto volumen música, “lo que no les permite escuchar las paradas de los usuarios”, manifestó.
Igualmente, los choferes mantienen maltrato hacia los pasajeros, peor con las personas con discapacidades.
Agregó el experto, que las cooperativas de transporte guardan profundo silencio cuando por falta de mantenimiento de los buses tienen accidentes de tránsito con víctimas mortales.
Mientras las autoridades no hacen cumplir las leyes para no perder el apoyo político de las cooperativas de transporte y así conservar el respaldo partidario.
“Por ejemplo, suben los precios de los pasajes de forma unilateral y las autoridades edilicias no sancionan. Además, los dueños de las unidades tienen buenas relaciones con los jefes de policías y funcionarios de instituciones estatales, que les proporcionan soluciones a sus infracciones, manifestó nuestro informante.
Ley general de Transporte prohíbe sobrecarga
También, un ex líder de cooperativas indicó que el reglamento de Ley General de Transporte Terrestre impide a los mentores circular con unidades sobrecargadas o con pasajeros en lugares improcedentes como: puertas, escalerillas y canasteras”.
Sin embargo es habitual observar en as canasteras y escalares de las unidades, a usuarios, refirió.
“A la vez buses a alta velocidad por competencia de pasajeros, así como deslizamientos súbitos que pueden causar accidentes”.
El régimen orteguista en su la narrativa intenta vender que las nuevas flotas de buses llegadas de Rusia y China han resuelto la problemática del transporte público en Nicaragua. Sin embargo, los usuarios no coinciden con la dictadura, comentó nuestra fuente.
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A la vez dos pasajeros indicaron que no solo se trata de traer buses competitivos y luego distribuírselos a las cooperativas. Requiere que los choferes sean concientizados sobre su responsabilidad social y asuman un trato humano y respetuoso para los pasajeros.
Determino que hace diez años Nicaragua recibió donados de Rusia más de 300 buses. Todos, fueron vendidos a los transportistas a 32 mil dólares cada uno, con un año de garantía y 10 años de plazo, según publicó en 2011 el extinto periódico El Nuevo Diario.
