«Costa Rica pretende invisibilizar ataque de Ortega contra opositores», asegura grupo de exiliados

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) rechazó la nota «aclaratoria» que hiciera la Presidencia de Costa Rica, referente al segundo atentado que sufrió el exiliado y desterrado político Joao Maldonado.

En la comunicación, emitida el el jueves, 11 de enero, el gobierno de Rodrigo Chaves negó que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) tenga competencia legal para brindar resguardo y protección a Maldonado o a otro migrante político.

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Ante estas declaraciones, UEN calificó de innecesarias las aclaraciones acerca de la competencia de la DIS, afirmando que «nunca hemos pretendido que brinde resguardo y protección a ninguno de los opositores al régimen dictatorial de Ortega y Murillo».

Referente a los señalamientos que en territorio costarricense existan células que operan bajo el mando del régimen de Ortega para perseguir a opositores, mismos que la Presidencia tica desmiente, el grupo opositor indicó que «es evidente que la nota es omisa en indicar que sí corresponde a la DIS, informar al presidente de la República sobre (…) la existencia de células que operan bajo el mando del régimen de Nicaragua, pero que se pretende invisibilizar.

«Las altas autoridades costarricense han olvidado el retiro del embajador de Nicaragua en Costa Rica y el encargo de dicha delegación diplomática a un miembro de la antigua Seguridad del Estado de Nicaragua —Valdrack Jaentschke— , así como la reciente reactivación de dichas estructuras de espionaje y Seguridad, hace tan solo unos pocos días», subrayó la organización, en referencia al resucitado Ministerio del Interior de Nicaragua.

NIEGAN QUE COSTA RICA VELE POR LA SEGURIDAD DE LOS MIRANTES

En cuanto a la afirmación de que el Gobierno de Costa Rica garantiza la seguridad de toda la ciudadanía, incluyendo aquellos en condición de refugiados y solicitantes, UEN señaló que ese discurso es «una falacia».

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El señalamiento anterior lo sustentaron recordando que el 2023 se caracterizó por ser el año más violento de su historia de ese país, «tal y como lo ha reconocido el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga».

A la vez insistieron en desmentir que el atentado en contra de Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, sea un caso aislado, afirmando que «existen ante organizaciones de derechos humanos radicadas en Costa Rica, varios hechos documentados» sobre el primer atentado que el opositor sufrió el 11 de septiembre de 2021.

«Hacemos notar la falta de capacidad investigativa para sancionar a los responsables de este y otros casos, siendo notorio que el anterior ataque al señor Maldonado ocurrido el 11 de septiembre de 2021, aún no han logrado procesar a ningún responsable», agregaron.

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Tras estas situaciones, los opositores hicieron hincapié en la «incapacidad de Costa Rica para resolver la grave situación de seguridad que todos los habitantes vivimos a diario, la cual debe ser abordada con absoluta responsabilidad, dado que obviar o minimizar la problemática, únicamente contribuirá a la normalización de los hechos de la inseguridad ciudadana, tal como los que hemos demandado anteriormente».

.Finalmente, el grupo de opositores exiliados instó al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones internacionales, contraídas con la suscripción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo. A la vez, animaron a la administración de Chaves a «no dejarse chantajear ni engañar por los dictadores de Nicaragua y su círculo de operadores. (…)».