Entre incertidumbre y miedo fueron las horas previas al “vuelo de la libertad” de los 222 desterrados políticos

La expulsión de los excarcelados políticos nicaragüenses fue uno de los episodios más impactantes de la historia actual de Nicaragua. Fueron subidos a un avión con destino a Washington D. C., despojados de la nacionalidad y aventados a una vida que no habían planeado tener ni vivir.

“El 9 de febrero de 2023 fue el mejor día de mi vida. A las once de la noche me sacaron de la celda junto a todos mis amigos, nos mandaron a la parte de máxima seguridad. Nos dijeron que nos trasladarían en bus e íbamos esposados. Eran buses donde no se podía ver nada más que el chofer y el vidrio de enfrente. En el camino pensamos lo peor, que nos fusilarían en la Fuerza Aérea”, así inicia el relato crudo de Kevin Solís, uno de los desterrados por el régimen ese día de febrero.

Las palabras se le cortan cuando conversó con Darío Medios, pero pese a todo el horror vivido, mantiene un voz firme, de esas que solo un guerrero invencible suele tener.

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Antes de continuar con su historia, Kevin carraspea, tratando quizás de aclarar la voz y retomar el hilo de su novela de terror y supervivencia de la cual no pidió ser protagonista principal.

“Al bajar nos entregaron un documento en el cual decía que aceptaba irme voluntariamente del país. Al salir del bus, vi el avión y a varios funcionarios de la embajada americana, nos dieron pasaportes, y uno de los funcionarios me puso la mano en el hombro y me dijo: “¡Basta de todo! eres libre”, añade en lo que un fuerte suspiro se desprende de interior, como recobrando fuerzas de lo más profundo de su alma.

“Al entrar al avión vi al resto de presos. Todos gritaron mi nombre cuando subí porque llevaba 3 años preso. Empezamos a platicar sin dejar de llorar. Todos tenían la nostalgia a flor de piel. Cuando el avión iba a coger vuelo, fue el momento más duro que vi en el rostro de una persona como don Arturo Cruz, él me tomó la mano y me dijo que viera por la ventana, le pidiera a Dios volver a ver esta tierra, y con lágrimas en sus ojos expresó que él no la vería porque sus años eran cortos y que mi generación sería el cambio que ellos no pudieron lograr”, dijo Solís, ya con el vigor de sentirse libre de los hierros gruesos que tenía atados en su mente.

Una constante que se repite en la mayoría de los excarcelados era la del aislamiento en una celda de castigo en El Chipote, donde muchos fueron sometido a tratos inhumanos, por lo que pensaron que Ortega pretendía desaparecerlos antes de subirse al avión.

Samantha Jirón, es la excarcelada política más joven; al igual que Solís tuvo temor de sufrir cualquier tipo de abuso antes de subirse al aeronave, o peor aún, que el régimen la fusilara.

En la mañana del jueves 13 febrero, el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, había hecho pública una sentencia que decretaba la “deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.

El vuelo con los opositores salió a primera hora de la capital nicaragüense rumbo a Washington DC, donde llegó a media mañana.

Luego del traslado, la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el régimen de Ortega, aprobó por unanimidad una reforma constitucional que despojaba de la nacionalidad a quienes sean declarados “traidores de la patria”.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, celebró la llegada de los opositores a su país.

El grupo formado por 189 hombres y 33 mujeres, encarcelados por el Gobierno de Daniel Ortega durante meses bajo duras condiciones en centros penitenciarios como El Chipote, era variado.

Entre los liberados había políticos y sacerdotes, indicó vía Twitter el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields.

Según la lista de presos publicada, entre los liberados se encontraban Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, el activista estudiantil Lesther Alemán y la exguerrilera sandinista Dora María Téllez.

En cadena nacional, Daniel Ortega aseguró que no hubo ninguna “negociación” con EE.UU. para la liberación de los presos y que no le pidieron a Washington que levante las sanciones que pesan sobre su país.

“Estados Unidos gastó un millón de dólares en los 222 desterrados políticos”

La “Operación Nica Bienvenidos” de Estados Unidos, para recibir a 222 excarcelados políticos nicaragüenses el 9 de febrero de 2023, costó alrededor de un millón de dólares al Gobierno estadounidense, según Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU.

De acuerdo con el funcionario, la cifra no incluye la asistencia proporcionada posteriormente –por parte de agencias gubernamentales y organizaciones de sociedad civil– a los desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En conferencia de prensa, a propósito del primer aniversario de dicha operación, Roig comentó que se trató de un caso “único” en la historia de la política exterior estadounidense, tomando en cuenta el número significativo de personas asistidas y bajo el contexto político particular.

“La respuesta que pudimos brindar de una manera tan rápida fue algo realmente impresionante. Aprendimos muchas lecciones de esta experiencia que nos servirá en otros casos”, opinó.

Eric Jacobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, reiteró que la excarcelación y destierro de los 222 nicaragüenses no fue producto de una negociación entre el Gobierno estadounidense y el régimen, sino que fue una “decisión unilateral” de la Administración sandinista, a la cual Estados Unidos “respondió de inmediato”.

Con solo tres días de aviso, “logramos reservar habitaciones en hoteles cerca al aeropuerto, el espacio para la recepción inicial, teléfonos celulares con datos preparados, transporte local, ropa, productos de higiene y más”, detalló Roig.

El funcionario destacó que brindaron apoyo psicosocial y la atención de un psiquiatra clínico para los prisioneros, que habían sufrido tratos inhumanos.

El Departamento de Estado colaboró también con una empresa y organizaciones de la diáspora nicaragüense para asegurar vivienda temporal a aquellos que no tenían familiares ni amigos en Estados Unidos. También facilitó viajes a diferentes ciudades del país para una gran parte del grupo.

Llegaron a Estados Unidos en una operación coordinada por el Departamento de Estado —que contrató a la oenegé Center for Victims of Torture (Centro para Víctimas de la Tortura) para ofrecerles asistencia— y se les otorgó un permiso humanitario de dos años.

Lo único que recibieron fue alojamiento en un hotel durante las tres primeras noches, un poco de dinero en efectivo y ayuda para trasladarse a donde se les pudo ubicar, casas de familiares o de compatriotas que las ofrecieron de manera altruista. A partir de ahí, debieron enfrentarse al desafío de construir una vida no deseada en un país desconocido y sin muchos vínculos. El calor y la memoria de su Nicaragua les quemaba la piel al recordarla.

“¿Cómo están ahora?”

“Es la felicidad de estar juntas otra vez para vencer todos los obstáculos”, dice Tamara Davila tras reencuentro con su hija.

El dolor de una madre que es separada de sus hijos es indescriptible. La expresa política del régimen de Ortega, Tamara Dávila lo vivió en carne propia, pero después de tanta espera, ese dolor se coló como el agua del mar en la arena, y su hija de 7 años, a quien no vio por varios meses, volvió a sus brazos, volvió a sentir el amor que solamente una madre tiene para quien es sangre de su sangre y que ninguna Dictadura podrá destruir jamás.

Es por ello que Darío Noticias le dio seguimiento al caso de Dávila y su hija tras ese emotivo reencuentro ocurrido el 6 de abril de 2023.

Y en conversación con la madre y expresa política desterrada por el régimen de Ortega a EEUU, Dávila expresó que “ha sido un proceso de muchos cambios, pues mi hija tuvo que dejar su escuela, su país, sus amigos y familia, lo cual no es fácil para nadie. Sin embargo, la felicidad de estar juntas nuevamente para vencer todos los obstáculos”, dijo.

Según la también despojada de su nacionalidad, lo que está viviendo es el anhelo de todos los 222 desterrados de poder reunirse con sus seres queridos, y dejó en claro lo difícil que es la vida del migrante en el extranjero.

En tanto, Tamara y su hija están trabajando la parte psicológica y ambas asisten a sus terapias para afrontar estos nuevos cambios y de “esa forma evitar que los traumas nos pasen factura con el tiempo”, aseveró Dávila al añadir que se siente contenta con los programas que existen para los niños migrantes en EEUU en lo que a inserción al nuevo sistema refiere.

Es importante mencionar que Tamara Dávila estuvo 80 días sin saber nada de su pequeña ni del resto de su familia. Tuvo que hacer una huelga de hambre para que le permitieran verla en julio de 2022.

Ante ello, Darío Noticias entrevistó también a Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, quien aseguró que el gobierno de Ortega violó una serie de derechos que van desde la privación de tener de una familia, la cual está establecida en las leyes y tratados internacionales en las que Nicaragua es firmante, “pero lo lo más grave son las secuelas psicológicas que nunca van a sanar en estos niños a los que el gobierno de Ortega les apresó a sus padres y los mandó al exilio”, expresó Cuevas al recalcar que en la actualidad existen al menos unos 200 niños cuyos padres están encarcelados o decidieron migrar para evitar el asedio del régimen, y muchos de los menores aún se encuentran sin la presencia de su padre o madre.

En la actualidad, Tamara es una becaria en derechos humanos y todo lo que hace en la universidad donde labora, se relaciona a ese tema.

Por su parte, Kevin Solís aún sufre los embates de una mala salud que lo mantiene en cama, según reveló este 8 de febrero de 2024 cuando Darío Medios lo consultó.

Cabe recordar, que seis meses después de haber llegado a Estados Unidos, Kevin Solís comenzó a sentirse mal. Sufría un cansancio generalizado y un hormigueo en parte de su cuerpo, pero evitó por todos los medios ir a un hospital. Hasta que el 22 de agosto pasado casi se desmayó en una calle, por lo que su pareja, la también excarcelada política, Samantha Jirón, lo llevó a un hospital aún en contra de su voluntad.

En el hospital le diagnosticaron parálisis de Bell, un trastorno del nervio que controla el movimiento de los músculos de la cara, provocado entre otras cosas por el estrés en alto nivel. Los médicos también descubrieron que tenía inflamados los nervios cerebrales por lo que, además de un largo tratamiento médico, debe mantener un nivel de estrés superbajo para evitar que la parálisis se repita y se extienda al resto del cuerpo.

Solís, al igual que la mayoría de los nicaragüenses exiliados en Estados Unidos, no cuenta con un seguro médico por lo que buscó apoyo con un seguro comunitario, el cual le fue aprobado debido a la gravedad de su caso. A través de ese seguro comunitario pudo pagar la factura del hospital y parte del tratamiento que le recetaron. Sin embargo, señala que no puede permitirse el tiempo de reposo médico.

Vivir exiliado en Estados Unidos “es duro”, comenta Solís. “Si no trabajas no comes, si no trabajas no tenés renta, y el pasar pensando si te dará este mes o no para todo eso te estresa, pero poco a poco uno se la va llevando”, agrega.

“Deterioro generalizado de la salud”

Al igual que Solís, ocho de cada diez exiliados afirman que su salud desmejoró luego de su huida del país. Situación que atribuyen principalmente al “estrés postraumático y la ambivalencia emocional”, de acuerdo con el informe Cuerpos desgastados por la represión, salud y exilio de nicaragüenses, elaborado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).

Entre los padecimientos que más aquejan a los exiliados destacan problemas neurológicos, cardíacos, hipertensivos, gastrointestinales y psicológicos, principalmente ansiedad y depresión, detalla la investigación basada en un sondeo realizado a 118 nicaragüenses exiliados, ubicados mayoritariamente en Costa Rica y Estados Unidos.

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Hasta la fecha, no hay una respuesta clara sobre ela ubicación exacta de los desterrados políticos.

“Por razones de privacidad y protección, EE. UU. no revelará la ubicación. Los registros de inmigración son confidenciales”, explicó a la agencia EFE una fuente del Departamento de Estado.

Según los funcionarios estadounidenses, tras el destierro, el Departamento de Estado apoyó a los nicaragüenses durante seis meses, al contactarlos con proveedores de servicios de atención médica, salud mental y apoyo psicosocial, vivienda, asistencia legal y otras necesidades. “El Departamento de Salud y Servicios Humanos continúa este apoyo a través de su programa para sobrevivientes de tortura”, dijo Roig.