La dictadura sandinista metió mano en los registros de los asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para usurpar las pensiones de vejez a diez personas opositoras despojadas de su nacionalidad el 9 y 15 de febrero pasado.
Roberto López, presidente Ejecutivo del INSS ordenó la puesta en marcha de la acción ilegal en detrimento de los pensionados, alegando que existe sostén jurídico, a partir de la declaración de “apátridas” de los opositores, sostuvo una fuente vinculada al INSS.
El desarraigo de 222 expresos políticos, a quienes se les adiciona la declaración de “desterrados” y prófugos de la justicia orteguista, medida política que alcanzó a otros 94 nicaragüenses el pasado día 15, a quienes la dictadura les decomisó sus patrimonios y fueron eliminados de cualquier registro público del país.
El régimen inmovilizó en el Registro de la Propiedad los bienes de los afectados con acotaciones que detienen cualquier intento de ejecutar transacciones como medida antepuesta a la incautación y en menos de 24 horas paralizó los pagos de pensiones a los diez jubilados por vejez que las recibían entre el 20 y 21 de cada mes.
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Expertos en derecho constitucional y de seguridad social dijeron bajo condición de anonimato que el régimen no tiene ningún pretexto legal para despojar a los jubilados por vejez de sus pagos y que en todo caso se trata de una venganza política de la administración sandinista y reafirmaron que se trata de un ejercicio inconstitucional.
Dentro de los perjudicados se encuentran, el exministro de Educación, Humberto Belli; Moisés Hassán; Julio López Campos, y la ex comandante guerrillera, Mónica Baltodano, quienes a partir de este mes de febrero no recibieron sus respectivas pensiones.
Abogados Constitucionalistas que se encuentran en Nicaragua dijeron que la declaración de traidores a la patria y la perdida de la ciudadanía, si bien es cierto envían a congelar los bienes inmuebles de los afectados, pero las pensiones por vejez pertenecen por ley a los jubilados y no representa ningún regalo, es un derecho que se ganaron los retirados, a través de los años de cotizaciones al INSS.
El artículo 61 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “el Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley”.
También el artículo 82, inciso 7, instituye que “los trabajadores tienen derecho a seguridad social para protección integral y medios de mantenimiento en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad.
Los opositores jubilados y declarados apátridas dijeron que acudirán en busca de asesoramiento legal y jurídico a organismos internacionales para hacer prevalecer sus derechos.
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