Ortega y Murillo fortalecen el control del poder en Nicaragua a través del temor político y empresarial

Juana Rizo se despertaba cada día a las 5 de la madrugada para poder llegar puntual a la zona franca donde hasta hace poco trabajó. Esa rutina la mantuvo por 6 años y logró menguar así la pobreza que le agobiaba, pero siempre sintió el temor de que la empresa en pronto cerraría sus puertas en Nicaragua, y no se equivocó.

Tiene cinco hijos y es madre soltera. El salario que ganaba apenas le ajustaba para alimentar a sus retoños. Su marido murió en las protestas de 2018, una bala perdida lo mató en medio de un ataque de policías a manifestantes y nunca se hizo justicia en el caso que ella presentó a las autoridades. Simplemente lo cerraron por “falta de pruebas” y por temor político prefirió dejar así el asunto.

Juana no puede disimular que se siente cada vez más en una encrucijada por la estresante situación económica que atraviesa y está pensando en migrar con el fin de garantizar un mejor futuro a sus hijos, también se siente en un callejón sin salidas porque si bien el salario que ganaba le era de gran ayuda, tampoco puede opinar con libertad sobre los atropellos que el régimen sandinista comete en el país con la empresa privada y opositores.

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Cabe señalar que, más de mil nicas quedan sin empleo tras cierre de zona franca Kontoor Brands en el mes de marzo.

La empresa de origen estadounidense, que operaba en Managua y Masatepe, liquidó en ese mes a su personal porque dejará Nicaragua en abril de 2024.

La caída estrepitosa en las exportaciones de Nicaragua es el resultado de la desaparición de más de 15, 000 puestos de empleo, en una industria que llegó a emplear a casi 141, 000 personas en agosto de 2020.

Juana y otros compañeros de trabajo desconocen las razones de la partida y solo saben que la maquiladora se trasladará a México.

Si habla sobre el asunto, lo hace en murmullos con otras personas allegadas y de confianza, que al igual que ella tienen temor de criticar las acciones del gobierno orteguista con el cierre de zonas francas, una situación que va de la mano con los resultados de la reciente encuesta realizada por Barómetro de las Américas, y que según el Dr. Miguel Cruz, encargado de presentar la encuesta llevada a cabo por LAPOP Lab, (Latin American Public Opinion Project) de Vanderbilt University titulado “El Barómetro de las Américas de 2023 de LAPOP toma el pulso de la democracia”.

Según Cruz, por primera vez resalta el tema político como una de las mayores preocupaciones de los nicaragüenses, solo por detrás de la economía.

En la última encuesta realizada por el Barómetro de las Amméricas, el tema principal al de preocupación de los nicaragüenses continúa siendo la economía, con un 54%”.

Esto hace que la mitad de los nicaragüenses expresen su voluntad y deseo de salir del país en los próximos tres años, lo cual responde a la crisis sociopolítica que también tiene repercusiones en la economía.

Esto deja en evidencia que, la mayoría de los nicaragüenses tienen una visión pesimista sobre el futuro del país, sin oportunidades económicas, ni libertades, que motiva a la mitad de los ciudadanos a emigrar hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos, reveló la más reciente encuesta.

Esta encuesta bianual, fue llevada a cabo entre junio y julio de 2023 en 26 países de América, siendo Nicaragua y Haití, los únicos países latinoamericanos cuyas consultas fueron realizadas por vía telefónica, a diferencia del resto de naciones que fue de forma presencial.

Por otro lado, un 63% de los consultados tienen una visión pesimista sobre el futuro del país, bajo el régimen de Daniel Ortega.

La encuesta también revela que el 81% de los ciudadanos considera que en el país no hay libertad de expresión, y registra un desplome en el nivel de confianza y credibilidad de las instituciones públicas, que generan desconfianza para más del 65% de los nicaragüenses.

“Confirman continuidad del control político del régimen orteguista a manos de Murillo y Laureano”

Al respecto, Darío Medios consultó al experto en temas políticos Manuel Orozco, quien alegó que la principal consecuencia de un acuerdo firmado en febrero pasado entre la Policía, el Ministerio del Interior y Rusia, es que confirma la continuidad del método de control politico diseñado por el régimen de Nicaragua.

“Es un apoyo concreto a Daniel Ortega y Rosario Murillo y su fuente principal de ejercicio de autoridad a la fuerza”, dijo Orozco.

De acuerdo con Orozco, el régimen se sostiene con base en la captura de Estado, el monopolio de la fuerza, la criminalización de la democracia/constitución, la propaganda política y el aislamiento con el mundo democrático.

“Para Ortega y Rosario Murillo, la estructura represiva es su principal pivote de sostenibilidad post-Ortega (que está cerca, a menos de 24 meses)”, añadió.

Según el experto, es la sancionada vicepresidenta de Nicaragua quien se está haciendo cargo de la coordinación en política exterior, asignando a Laureano Ortega las relaciones con China y el golfo, a Avilés y Rocha, Rusia, “y ella (Rosario Murillo) se encarga del Caribe. Todo esto construye un andamio que fortalece su hoja de ruta para el 2026”, destacó Orozco.

“Estudio profundo del control del poder”

El informe “Esfuerzos de Mitigación del riesgo de radicalización o sucesión dinástica en Nicaragua” del Diálogo Interamericano e interpretado por Manuel Orozco que será presentado este 5 de abril en Costa Rica, destaca que después que Daniel Ortega se da cuenta a mediados del 2019 de la magnitud de su impopularidad y la intolerancia ciudadana a su abuso de autoridad, no sólo renunció al acuerdo de Marzo de 2019 sobre reformas políticas, sino que emprendió un ataque frontal contra la democracia y el estado de derecho construyendo una nueva base política de control social.

Manuel Orozco, politólogo nicaragüense y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo explica más detalladamente lo antes expuesto, que tiene que ver directamente con el tipo de radicalización totalitaria en Nicaragua, que es ahora una realidad consolidada en lugar de una amenaza.

La administración del poder opera en al menos cinco frentes. Estos frentes se extienden más allá de lo convencional:

En primer lugar, el aislamiento continuo de la comunidad internacional minimiza el escrutinio. Aparte de eliminar al propio país de las obligaciones legales internacionales, como la pertenencia a la Organización de Estados americanos, el régimen también ha forjado alianzas con estados paria y ha convertido a la migración como un mecanismo para subvertir a otros actores internacionales, en particular los Estados Unidos.

En segundo lugar, continúa debilitando el activismo cívico y las esperanzas de cambio de los nicaragüenses mediante el uso del miedo y la detención como medios para contener protestas. El eje principal aquí es criminalizar la democracia a través de un marco legal que elimina los derechos de los nicaragüenses y los hace vulnerables a falsas acusaciones. El sistema depende de un poder judicial que actúa más como una comisaría política.

Es así como el régimen ha subordinado la Constitución a la Ley de la autodeterminación como la Ley Suprema de la Tierra y la utiliza como medio para reprimir, intimidar y expulsar.

Asimismo, el régimen ha autorizado a la policía a través de sus cuadros de inteligencia para identificar a aquellos que están en violación de la ley. La ley no es específica y está enmarcada intencionalmente para subordinar a la Constitución de Derechos. Las personas pueden ser detenidas por simples acusaciones o rumores de informantes, policías al servicio de Ortega-Murillo.

En tercer lugar, la captura del estado se realiza a través de una élite económica dentro de las filas del régimen utilizando favores, confiscaciones, extorsión fiscal y profundización de las purgas internas de los disidentes del régimen. El régimen ha reconfigurado una élite económica a través de este modelo de captura del estado Ortega-Murillo que se clasifica forzando las confiscaciones y la extorsión de impuestos, así como la expulsión de personas que ahora están sosteniendo el 30 % de la renta nacional del país. A su vez, existe una estabilidad macroeconómica limitada con una creciente desigualdad en forma de ingresos más bajos, una economía informal más alta y no hay seguridad judicial existente, con préstamos externos continuos para financiar obras públicas.

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En cuarto lugar, el régimen emplea la violencia a través de las fuerzas de seguridad formales (policía y ejército), mientras depende de una red de informantes, policías, seguidores militantes e individuos paramilitares.

La policía y los informantes recopilan inteligencia, instruyen al poder judicial y ejercen la fuerza (incluida la profundización de purgas internas dentro del sistema) de institución militar que subordina la lealtad a la Constitución al régimen.

Y por último, el régimen se basa en una máquina de propaganda que destila miedo y control social que funciona lado a lado de un aparato represivo que persigue y detiene a los civiles, en particular a las autoridades religiosas y líderes juveniles. Junto con la policía, la máquina de propaganda también utiliza informantes para infundir miedo y falsas acusaciones que mantienen a la población a raya.

El informe explica que de esta arquitectura depende de un círculo de “colaboradores” que sustenta el control político. El círculo de poder se basa en varios pilares dirigidos por una estructura jerárquica, de no más de 300 individuos, formada por los aliados más cercanos y los leales al régimen, seguidos por oficiales militares, tecnócratas y burócratas que coordinan las políticas de control social y represión política.

Además, los oficiales militares retirados que trabajan en la policía, en otros organismos gubernamentales o en el ejército son un elemento común que define a los leales al régimen.

El documento igualmente valora que el grado de control político y económico por parte del gobierno nicaragüense es tan amplio que el impacto en la sociedad ha afectado el ejercicio al pluralismo, la libre empresa y la participación política.

Es por ello que recomienda mitigar el riesgo de una
acción no democrática
continuada a través del cuestionamiento de la falta de autoridad moral del régimen, minimizar las fuentes materiales de control y lograr que los disidentes dentro del círculo reconozcan y promulguen reformas políticas.

“Los métodos implican una campaña de desmoralización dentro y fuera de Nicaragua que señale los puntos en los que el régimen carece de autoridad moral, la señalización a los disidentes dentro del régimen y la presión externa sobre las áreas clave que cambiarían el equilibrio de poder. La fractura de la base material limitaría la capacidad de captura del Estado y el uso de favores económicos a cambio de lealtad política. Los esfuerzos para desmoralizar al régimen incluirían la disminución del capital político del régimen, especialmente entre aquellos en el círculo de poder que están perdiendo la fe y la credibilidad dentro del régimen”, señala el informe.