Desde el estallido social de 2018, el régimen de Daniel Ortega arreció la persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha dejado hasta este 2023, un total de 3,472 organizaciones exterminadas en Nicaragua, de las cuales 57 son medios de comunicación y 385 son asociaciones religiosas, según un informe de Red Local.

Ambos sectores han sido parte de los que Ortega más se ha enseñado desde el inicio de las protestas antigubernamentales, pues los ha tildado de “terroristas y de atentar contra el Estado de Nicaragua”.

Los datos que fueron revelados este miércoles 25 de octubre, detallan que el año 2018 la dictadura ordenó el cierre de 18 medios, mientras que en 2022 fueron cerrados 30, siendo estos los años más nefastos para los medios de comunicación.

En lo que refiere a organizaciones religiosas en 2022, fueron canceladas 318 y en 2023 las afectadas han sido 65.

Otros organismos cuya personería jurídica fue aniquilada en el mismo periodo de tiempo son:

  • Organizaciones nacionales 1,710
  • Organizaciones gremiales 421
  • Organizaciones internacionales 345
  • Organizaciones de mujeres 172
  • Organizaciones culturales 94
  • Organizaciones médicas 70

Red Local explicó que si se analizan los datos por tipo de organización se observa que el mayor peso recayó en las ONG nacionales con un 49.25%, entre las cuales se encuentran organizaciones de diferentes tipos como: salud, educación, infraestructura social, agua potable, alimentos escolares, medio ambiente, vivienda, participación ciudadana, desarrollo local y municipal, niñez y adolescencia, etc.

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Ortega ha exterminado 57 medios y 385 organizaciones religiosas en Nicaragua 4
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Ortega ha exterminado 57 medios y 385 organizaciones religiosas en Nicaragua 6

A estas le siguen las organizaciones gremiales con un porcentaje del 12.12%, donde son afectados diversos tipos de gremios: jubilados, estudiantes, docentes, deportes, excombatientes, entre otros.

El llamado de Red Local es al Estado de Nicaragua para que restituya las personerías jurídicas a aquellas organizaciones que estaban efectivamente funcionando y activas al momento de la cancelación y que se les devuelvan sus bienes inmuebles y equipos confiscados, a las organizaciones a las que estos le fueron arrebatados.