34 organizaciones nicaragüenses que conforman el Colectivo 46/2, demandan ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), fortalecer y renovar por dos años su resolución sobre Nicaragua debido al recrudecimiento de la represión y profundización de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en el país por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El llamado fue realizado en el Marco de Evaluación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua.
“Nuestro vocabulario carece de términos apropiados para caracterizar el sufrimiento que el pueblo nicaragüense ha atravesado desde la represión a las protestas de abril de 2018, y la gravedad y amplitud de la crisis de derechos humanos a manos del gobierno en Nicaragua”, se lee en la comunicación de las organizaciones cívicas.
Actualmente hay más de 150.000 nicaragüenses en el exilio, es la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022, después de los venezolanos y ucranianos según el ACNUR.
Las elecciones municipales del 6 de noviembre resultaron en el control absoluto por el partido gobernante sobre los 153 municipios del país, en un proceso “caracterizado por la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles”, según la OACNUDH.
Los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte siguen expuestos a ataques generalizados por colonos armados en sus territorios, con 90 ataques documentados desde 2018, incluyendo 32 asesinatos, según organizaciones locales.
Con la cancelación de la personería jurídica de más de 2500 organizaciones de la sociedad civil, ONU y CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han denunciado un “claro patrón de represión del espacio cívico” en contra de las voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil.
Asimismo académicos, estudiantes e integrantes de la Iglesia Católica, con más de 235 personas presas políticas, en condiciones inhumanas, dice la comunicación de las 34 organizaciones de Derechos Humanos.
Ante ello, la negativa excepcional de la dictadura a cooperar con los organismos de derechos humanos de la ONU es condenable.
Los dos comités de órganos de tratado de la ONU contra la tortura denunciaron de forma inédita la negativa de Ortega- Murillo, a cooperar, mientras las autoridades también rechazaron revisiones por cuatro otros comités de derechos humanos de la ONU en el último año, puntualizan las organizaciones.
Expertos de la ONU de cinco mandatos de “Procedimientos Especiales” también emitieron reiteradas solicitudes de visitas al país, sin recibir respuesta del gobierno de Ortega.
El análisis de la sociedad civil con base en información de la ONU y del sistema Interamericano también indica la falta de implementación absoluta por el régimen sandinista de las 14 recomendaciones de la resolución 49/3 de este Consejo de Derechos Humanos.
Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).
Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas.
En medios de condenas nacionales e internacionales por el secuestro y acusación al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, Daniel Ortega viaja a Cuba para participar en la Cumbre de la Alianza Bolivariana que arriba a 18 años de constituida- El evento donde solo asistieron regímenes totalitarios.
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El dictador Daniel Ortega viajó acompañado de su hijo Rafael Ortega Murillo, sancionado por Estados Unidos; y de los también sancionados Iván Acosta y Francisco López, según se observó imágenes transmitidas por la televisión estatal cubana.
Mientras el Canciller sandinista Denis Moncada Colindres, recientemente arremetió contra la Organización de Naciones Unidas y aseguró que “es hora” de que Naciones Unidas represente a todos los países del mundo y no se someta a potencias imperialistas y colonialistas a las que calificó de “criminales de lesa humanidad.”