Este pasado sábado nueve de diciembre, en el contexto del día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, (DDHH)El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca reiteró su denuncia por la reclusión ilegal e inhumana del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.

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La Organización de DDHH exigió la liberación inmediata, respeto a la integridad y derechos del religioso, preso político de la dictadura de Ortega Murillo.

A través de un comunicado, el organismo de DDHH demostró la feroz asechanza del régimen en contra del prelado.  Incluso, aseveró que el clérigo “ha sido víctima de cárcel y tratos crueles e inhumanos, solo por denunciar la represión de la dictadura y violaciones de derechos humanos al pueblo de Nicaragua.

“El obispo Álvarez fue secuestrado desde el año pasado 2022, luego fue trasladado a las ergástulas del régimen.   El 10 de febrero de este año, fue injustamente condenado a 26 años de prisión y le quitaron su nacionalidad”, se lee en el comunicado.

Organismo de DDHH denuncia situación apátrida de la doctora Vilma Núñez

Igualmente reveló la situación apátrida de la defensora de derechos humanos de la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del desaparecido Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Núñez de Escorcia, al igual que monseñor Álvarez “fue despojada de su nacionalidad y sufrió los abusos del régimen.

El Colectivo anotó la expulsión de facto de 222 ex prisioneros de conciencia, conjuntamente del despojo de su nacionalidad, y las repercusiones que viven los 94 apátridas nicaragüenses, entre, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, religiosos, feministas, opositores, expresa el comunicado.

Del mismo modo, el organismo señaló las violaciones de derechos humanos realizadas por la dictadura desde abril de 2018, cuando ordenó abrir fuego contra manifestantes cívicos. Lo que dejó 355 personas fallecidas y no menos de cuatro mil heridos.

Colectivo pide a la comunidad Internacional no abandonar al pueblo de Nicaragua

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El organismo pidió a la comunidad internacional “que siga atenta a las sistemáticas violaciones de derechos humanos realizadas por la dictadura que veja al pueblo nicaragüenses utilizando el aparato represor de la Policía, jueces y fiscales y ejército, para criminalizar a todos los ciudadanos que levantan su voz contra los delitos de lesa humanidad del régimen sandinista.