La Secretaría de Seguridad de Honduras, bajo la dirección de Gustavo Sánchez, enfrenta serias críticas debido a la falta de transparencia en la adquisición de vehículos tácticos Black Mamba a la empresa mexicana TPS Armoring. Esta situación ha generado una ola de cuestionamientos y preocupación sobre la legalidad y claridad del proceso.
El diario local El Heraldo solicitó la versión pública de los documentos relacionados con la compra de estos vehículos a través de la solicitud SSSS-2237-2024, en conformidad con el artículo 19 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, la respuesta de la Secretaría fue negativa, argumentando que, según un análisis legal de la Secretaría Ejecutiva de la Dirección General de la Policía Nacional, la información no podía ser divulgada de acuerdo con la resolución No. SO-139-2018 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Frente a esta negativa, se interpuso un recurso de revisión, el cual recibió la misma respuesta. Hermes Moncada, comisionado presidente del IAIP, señaló que la Secretaría de Seguridad no tiene justificación legal para declarar en reserva detalles como el precio, la cantidad y los proveedores de los vehículos. Moncada enfatizó que la reserva solo es aplicable a las especificaciones técnicas y otros aspectos relacionados con la seguridad nacional, no a los datos financieros y de adquisición que deben ser públicos.
Esta controversia se intensificó tras el incendio de uno de los vehículos Black Mamba el miércoles 15 de mayo de este año en la carretera CA-5 Norte, en el Valle de Amarateca. El vehículo, que transportaba al extraditable Edgardo René Velásquez Navarro, alias “El Burro”, sufrió un incendio que, afortunadamente, no causó heridos. Gustavo Sánchez afirmó que los vehículos estaban asegurados y que TPS Armoring se haría responsable del reemplazo del vehículo incendiado.
La falta de transparencia y la declaración de reserva de información han generado desconfianza en la ciudadanía y en organizaciones de la sociedad civil. Juan Carlos Aguilar, director de transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), criticó duramente esta opacidad, señalando que restringir el acceso a la información pública es contrario a los principios de una administración transparente y abierta. Aguilar subrayó que la derogación de la Ley de Secretos debería haber mejorado el acceso a la información, pero en la práctica, la situación parece haber empeorado.
La situación se agrava con las sospechas sobre el verdadero costo de los vehículos y su idoneidad, ya que las estimaciones sugieren que cada Black Mamba cuesta entre 10 y 13 millones de lempiras. Sin embargo, la falta de datos públicos impide confirmar estos valores y evaluar si la compra fue adecuada y justa. La opacidad en estos procesos genera una atmósfera de desconfianza y potencial corrupción, un problema histórico en Honduras.
El caso de los Black Mamba ejemplifica las deficiencias en la gestión y transparencia del gobierno en asuntos de seguridad. La negativa a divulgar información crucial no solo viola principios básicos de transparencia, sino que también socava la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad nacional. La revisión y posible sanción por parte del IAIP serán cruciales para determinar las consecuencias y medidas correctivas necesarias para restaurar la transparencia y confianza en estos procesos.
En resumen, la controversia sobre la compra de los vehículos Black Mamba pone de manifiesto la necesidad urgente de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública de Honduras. La sociedad demanda claridad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, especialmente en sectores tan sensibles como la seguridad nacional.
