Denuncian al menos 12 violaciones a menores de edad en comunidades indígenas de Nicaragua en 2023

La organización internacional de Derechos Humanos, Raza e Igualdad, acompañó a defensoras de derechos humanos nicaragüenses ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en la que denunciaron la persecución a mujeres indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe  nicaragüense.

La denuncia expone que se registraran 12 violaciones sexuales con víctimas de un promedio de 13 años en 26 comunidades indígenas en el primer semestre de 2023.

Anexa Alfred, una de las defensoras de derechos humanos que denunció al régimen de Daniel ortega y Rosario Murillo ante el Comité, se dirigió considerándose “una víctima más” y aseguró que la represión y persecución se basa en la política del terror, cárcel, exilio o muerte.

El 28 de septiembre de 2022, el régimen sandinista negó el ingreso a Alfred, según denunció en su momento Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de participar en su primera misión especial para participar de la décima quinta sesión del Mecanismo de Expertos por América Central y el Sur.

Desde la última revisión del Comité, la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas se ha agudizado “por un contexto de acontecimientos críticos, marcados por la violaciones sistemática con impactos diferenciados a las mujeres, niñas y adolescentes por las acciones y omisiones del Estado de Nicaragua”, dijo Alfred Cunningham.

Además destacó que las masacres, asesinatos, violaciones, desplazamiento forzado y la crisis humanitaria sin precedentes que enfrentan las comunidades indígenas de Nicaragua, ponen en alto riesgo las vidas de las mujeres indígenas.

Política de cohabitación que da cancha abierta a violaciones

Alfred aseguró que el régimen sandinista promueve una política de “cohabitación” con los invasores delos territorios indígenas y áreas protegidas, lo que considera que genera mayor impunidad y violencia.

La situación ha provocado que, según un monitoreo realizado en 26 comunidades de seis territorios indígenas, durante el primer semestre del 2023, se registraran 12 violaciones sexuales con víctimas de un promedio de 13 años.

“Preocupa que esta situación tiene tendencia a normalizarse en las comunidades donde hay fuerte presencia de colonos”, señaló por su parte Raza e Igualdad.

 “(Es necesario que el Estado implemente) acciones o políticas y programas de seguridad pública para garantizar la vida e integridad personal y comunitaria de las mujeres indígenas en la Costa Caribe, donde se ha agudizado la violencia armada de los colonos”, aseguró Alfred.

Agresiones provocan desplazamiento forzado

En tanto, la Oficial de Incidencia de Raza e Igualdad, Gaia Hefti existe una alta migración de mujeres afrodescendientes, en especial de madres solteras, que tienen que abandonar sus hogares y a sus hijos e hijas menores de edad para buscar el sustento de sus familias e intentar alcanzar la seguridad alimentaria. Asimismo, hay una alta tasa de niñas costeñas en desnutrición “debido a la falta de ayuda humanitaria después de la devastación de los huracanes en los últimos años”.

Hefti también señaló que las defensoras de derechos humanos afrodescendientes sufren persecución, vigilancia en sus casas y detenciones arbitrarias por parte del régimen sandinista.

“Pedimos al Comité que visibilice en su informe la difícil situación de las mujeres afrodescendientes de Nicaragua, y que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, finalizó Hefti.

Régimen dice que protege los derechos de los pueblos indígenas y CIDH lo desmiente

El pasado 10 de octubre, el representante del régimen sandinista ante las Nacionales Unidas, Jaime Hermida aseguró que en Nicaragua reafirma y restituye los derechos de los pueblos originarios garantizándoles su desarrollo económico, social y cultural, protegiendo sus territorios, tradiciones y lenguas, promoviendo también la no discriminación por razón de su lengua, cultura y origen.

Sin embargo, ese mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, denunció que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), recibió información sobre la agudización de la represión contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, a partir de la detención de líderes y lideresas, la cancelación de la personería jurídica del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), el cierre de radios indígenas y permanentes ataques de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades del Estado para despojar a las comunidades de sus territorios.

Hasta el momento, el régimen nicaraguense mantiene en prisión a Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, diputado titular y diputada suplente (respectivamente) del partido regional indígena Yatama.

Raza e Igualdad pide a Nicaragua que garantice la seguridad de las mujeres

Por su parte, Raza e Igualdad solicitó al comité CEDAW que se le pida al Estado de Nicaragua la implementación de programas de seguridad pública para garantizar la vida de las mujeres.

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Además, llamó al comité a exhortar al Estado de Nicaragua “a implementar la recomendación número 39, para que tome medidas legislativas, ejecutivas y políticas en general, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con relación a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas indígenas”.