Suspicacia en el Complejo Judicial de Carazo tras barrida del régimen ¿Quiénes son sus ejecutores?

Durante la entrevista hubo un poco de nerviosismo: “qué bueno que llamaste de un solo. Sí, porque en WhatsApp ellos pueden ver todo lo que nosotros escribimos, los mensajes no están seguros por ahí”, dijo la fuente a lo interno del Poder Judicial, que bajo estrictas condiciones de anonimato accedió a hablar con DaríoMedios.

La fuente anónima afirma que la situación a lo interno del Complejo Judicial de Carazo es “hostil”, la suspicacia alcanza todos los niveles, en días laborales, los trabajadores dentro del complejo asoman sus miradas hacia la puerta donde han desfilado en salida al menos 20 funcionarios públicos desde el inicio de la barridas a nivel nacional.

Cada uno de ellos se encuentra a la expectativa de cuándo “llegarán” la Magistrada del Tribunal de Apelaciones de Masaya, Adela Auxiliadora Cardoza Bravo y el Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Masaya, Carlos Padilla Narváez, que según información de los mismos servidores públicos, son los delegados que junto a un supuesto “policía de civil” ejecutan los despidos en las zonas de Carazo y Masaya.

“Han corrido bastante gente, sobre todo en mayor cantidad a contrataciones nuevas que las puso la doctora Alba Luz (Ramos) en esta zona de acá, pero también desde el inicio cuando pasó todo esto la semana pasada, se volaron a varios también, a trabajadores ya viejos de 12, 15 años en adelante que han estado sirviendo aquí casi toda su vida profesional. Sus despidos se los hicieron llegar sorpresivamente por medio de telegramas, notificaciones”, señaló el funcionario público.

Esta semana en Carazo, se espera que nuevamente Cardoza Bravo y Padillas Narváez reaparezcan para una nueva barrida. “Algunos trabajadores ya han comenzado a sacar poco a poco sus cositas de las oficinas para no verse en la pena que cuando se vayan, la gente los mire salir con todas sus cosas”, relató la fuente.

“Cuando llega el Magistrado Presidente, nos advierte que no hagamos ningún comentario al respecto ni dentro, ni fuera del complejo, que si vemos a alguien salir despedido, que debemos de seguir trabajando normal”, finalizó el trabajador judicial entrevistado.

Ejecutores revisan expedientes para ejecutar barridas

Otro funcionario judicial que habló con DaríoMedios, señaló que Cardoza y Padilla se reúnen en una de las salas de los juzgados de Carazo y mandan a pedir los expedientes de cada uno de los trabajadores para revisarlos y conforme a esto realizar los despidos una vez dado el “visto bueno”.

“El magistrado presidente entonces mandan a llamar al trabajador o trabajadora que va a ser escoltado por el jefe de seguridad hasta la puerta del complejo. Yo recuerdo que ese lunes siete fue tremendo, comenzaron a llamarlos uno por uno, a casi la mitad del personal se lo llevaron, los corrieron a todos. Te notifican que de acuerdo a lo firmado por el secretario de la corte queda cancelado tu nombramiento”, añadió.

Adela Auxiliadora Cardoza Bravo se unió al Poder Judicial en 1999 y fue promovida a Magistrada del Tribunal de Apelaciones de Masaya en febrero del 2021, gracias a su recalcitrante devoción a la dictadura de la familia Ortega-Murillo. Además, Cardoza Bravo fue utilizada como parte del aparato judicial para enjuiciar a decenas de presas y presos políticos tras el estallido cívico del 2018.

No obstante, Carlos Padilla Narváez, fue elegido presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental en agosto del 2019 y según algunos opositores de Masaya, es uno de los fervientes devotos al orteguismo.

Liquidaciones “robadas” por el régimen

Los despidos han salpicado municipios como Masatepe y Santa Teresa donde las fuentes detallan que un trabajador que ejercía el rol de “alguacil” y un secretario fueron “despachados” por “órdenes superiores”.

“Al jefe de seguridad de Carazo por no correrlo lo emocionaron y lo mandaron para Managua como alguien de seguridad normal, ya le quitaron el cargo, porque dicen que cuando despidieron a una de las magistradas la llamó por teléfono diciéndole que habían dejado unos documentos tirados y que llegara a retirarlos y parece que alguien, un sapo ahí lo vio”, añadió la fuente interna.

Luego de los despidos “no hay nada”, las liquidaciones han sido “robadas” por el Estado, quienes bloquean este derecho laboral para que los despedidos a voluntad del régimen no cobren ni un peso por los años de servicios prestados.

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“Te vas sin nada” –afirmó la persona entrevistada- “así como llegaste así te vas, no hay liquidación, no hay aguinaldo, no hay absolutamente nada. Aquí lo que se maneja es que, como la Corte siempre nos paga por adelantado están haciendo que lleguemos a trabajar lo más que se puedan para que al final del mes ir sacando a todo para que no agarremos nada” expresó.

Despidos en Estelí y Matagalpa

El despido de Alba Luz Ramos arrastró aproximadamente a 1000 trabajadores de toro el país. Por ejemplo, en Estelí fueron despedidos asistentes, conductores, mensajeros, aunque la lista total y verificada todavía no ha trascendido.

Del dominio de algunos trabajadores en ese departamento se conoce la destitución de:

Los Magistrados: Roberto Petray, Hilda Rugama Zelaya, Indalecio Gónzález

Juez local de San Juan de Limay – Federico Matamoros Torrez (esposo de la magistrada Rugama)

Juez Local de La Trinidad – Edgar Argueta Orozco 

Martha Loaisiga González – asistente de Roberto Petray

Noel Velázquez – Juez Local de Condega

Eveling Balmaceda – Juez Laboral de Estelí

Pedro Almanza Gutiérrez – Juez Segundo local penal de Estelí

Exiles Valle – Juez Civil de Somoto

Elsa Laguna – Juez de lo Adolescente

Nancy Rossman Mendoza – Juez de Violencia de Ocotal

Lisseth Casco – Secretaria del Tribunal

Otros despedidos fueron: un trabajador de informática que solo identifican como Yader, Alexander Galeano y Blanca Idalia de la Defensoría Pública, un trabajador del área de notificaciones a quien solo identifican como Alexander, Bertha de la Administración y Karla Rosales quien ejercía como médico forense.

Dentro de los portones y pasillos del Poder Judicial de Estelí, el caso es similar al de Carazo, en los pasillos de este este complejo se siente un “terror” y un silencio generalizado destacó una publicación del medio de comunicación Inter Textual. La publicación detalla que los trabajadores se encuentran “ensimismados” y que todo mundo guarda silencio referente a cada salida del lugar.

Un abogado con más de 15 años de experiencia en la administración pública que trabajaba en el complejo de ese departamento, detalló a Inter Textual que la situación que viven es “terrible”. El empleado público también señaló que su teléfono le fue confiscado y que no se lo han devuelto, por lo que se vio obligado a utilizar un celular de una familiar.

“A muchos nos gritaron, nos trataron mal, nos quitaron los teléfonos y nos dijeron que dejáramos la oficina sin llevarnos nada, ni la luncheras”, dijo el jurista.

Otro funcionario afectado por los despidos masivos, manifestó que el magistrado orteguista Frank Rodríguez Alvarado, es quien se encarga de las ejecuciones laborales en la “Perla del Septentrión”.

“El magistrado Rodríguez llegó bien temprano donde algunos funcionarios y le dijo que se levantaran de su lugar, que estaban despedidos. Así nada más. Inmediatamente, te habla de forma intimidatoria un policía y te exige que le entregués llaves, documentos, computadoras, celulares, tablet y las contraseñas y luego te dicen caminá y van detrás de vos. A mí me llevaron a mi casa” detalló.

Aproximadamente 1000 despedidos

Según Yader Morazán ex funcionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –ahora en el exilio- asegura que a nivel nacional han sido despedidos por lo menos mil funcionarios judiciales, incluyendo conserjes, personal de seguridad, choferes y personal de mantenimiento.

 En su cuenta de twitter, Morazán señala que otra de las arrasadas por la voluntad de la “copresidenta” Rosario Murillo, fue Reyna Elena Montealegre Chávez quien ha sido “sobreviviente del cáncer con el que aún batalla”, así mismo, destacó que fue compañera de vida del general cubano Renan Montero de alto rango que estuvo operando en el “proceso revolucionario” desde antes de 1979.

“Ella fue esposa del teniente coronel cubano Renán Montero Corrales [alias Andrés Barahona López], destinado a Nicaragua en 1979 para dirigir la Quinta Dirección (también conocida como Dirección V o VDIR) de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) del sandinismo. Por su participación en la Revolución Nicaragüense, los sandinistas otorgaron a Montero el rango de Comandante en 1980”, aseguró el ex funcionario público.