La periodista Sofía Montenegro y la abogada opositora  Azahálea Solís lograron salir  de Nicaragua para resguardar su libertad y sus vidas, luego que la dictadura Ortega-Murillo les  quitó  su nacionalidad, a  la vez las declaró prófugas de la justicia y decomisó el departamento en el que vivían las dos  académicas en Managua.

Las dirigentes feministas salieron del país por puntos ciegos, horas después de enterarse de la acusación de la justicia sandinista en su contra y otras 92 personas críticas al régimen en su mayoría en el exilio.

La casa de la comunicadora Sofía  Montenegro, localizada  en Condominio Amazonia, en Reparto San Juan, fue la primera propiedad confiscada por los Ortega-Murillo el pasado 17 de febrero. También la dictadura procedió a incautar todos los apartamentos del  residencial.

Funcionarios de la Intendencia de la Propiedad al servicio de los Ortega Murillo, entregaron notificaciones a 16 viviendas de Amazonia para inspeccionar sus casos por presunta  “ocupación de las viviendas ”.

Los representantes de la Intendencia de la Propiedad expresaron mediante una reunión a los propietarios de las casas que los documentos de compraventas que tenían en su poder eran considerados nulos porque eran “anómalos”, y que ahora regresan al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA), porque son parte del patrimonio de esta institución.

Las dos activistas críticas al régimen sandinista no se encontraban en sus apartamentos en el momento de la ocupación, aunque vecinos bajo condición de anonimato dijeron que días antes de que se consumara la confiscación del complejo se apostaron paramilitares a realizar acciones de inteligencia y espionaje para conocer a las personas propietarias de las casas.

Los representantes de la Intendencia de la Propiedad notificaron a los propietarios de los 16 apartamentos que si quieren seguir habitando en ellos, deben pagar un arrendamiento de 500 dólares al régimen orteguista.

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Los dueños de las propiedades tienen títulos individuales de las viviendas, inscritos en el Registro de la Propiedad, y revisados por las leyes de la propiedad en las administraciones de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, incluido hasta el segundo período de mandato  Daniel Ortega.

Los patrimonios fueron adquiridos a inicios de los años ochenta con una empresa afín al extinto Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).

El despojo de los apartamentos de Sofía Montenegro y de la activista opositora Azahálea Solís, fueron las primeras confiscaciones que ejecutó el dictador, después de haber despojado de su nacionalidad a 94 nicaragüenses  y acusarlos de traidores a la patria, sin previa acusación y sin haber sentencia firme.

Entre los desterrados se encuentran, los escritores Sergio Ramírez Mercado, Gioconda Belli; asimismo  el obispo Silvio Báez, propulsores  de derechos humanos, como Vilma Núñez, periodistas, políticos, empresarios, religiosos, entre otros activistas.