28 de marzo, era la fecha que en un primer momento el aparato de justicia controlado por la dictadura de Nicaragua, había designado para la ejecución del juicio contra el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, la voz más crítica de la Iglesia Católica dentro de Nicaragua contra las gestiones de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El juicio contra el líder católico a quien acusan de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, fue adelantado sorpresivamente para el 15 de febrero, en la misma semana donde otros cinco sacerdotes fueron condenados a 10 años por la misma acusación.

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La juez Nadia Camila Tardencilla, titular del Segundo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, no solo adelantó la fecha del juicio político contra el obispo matagalpino, también cambió el procedimiento de tramitación de complejo a simple.  Con este nuevo procedimiento ahora solo tendrá un término de seis meses para ultimar el proceso.

¿Qué esconde la dictadura detrás de este cambio?

El anticipo del juicio ocurre después que la juez Nadia Tardencilla condenó a  diez años de prisión  a  cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

Desde el marco político, el opositor Juan Diego Barberena, miembro de la denominada Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), mover la fecha de juicio tiene un solo propósito de parte de la dictadura de Daniel Ortega: “doblarle el brazo a monseñor Rolando Álvarez para acceder a las pretensiones de que se vaya del país y calle ante las injusticias”.

De la misma forma, Barberena, piensa que esta medida de la dictadura busca presionar a El Vaticano para que interceda ante el Obispo Álvarez y acepte irse al exilio, de lo contrario la sentencia y cárcel serán inevitables.

Otro interés que tiene Ortega y Murillo es buscar un acuerdo con el Vaticano de que el obispo Álvarez guarde silencio, abandone su comportamiento valiente y profético y deje su espíritu crítico hacia el régimen sandinista y luego dejarlo en libertad”.

Juan Diego barberena

Diferentes voces se extrañaban de que la fecha de juicio contra Monseñor Rolando Álvarez haya sido anunciada en un primer momento para el 28 de marzo, cuando la ofensiva del aparato de justicia en Nicaragua había iniciado una serie de condenas contra religiosos.

Entre esas voces está la del abogado Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien piensa que el Poder Judicial con el adelanto del juicio deja la certeza que responde a los intereses políticos de la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al dar cumplimiento a una medida  política.

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Ahora mismo el abogado cree que que la dictadura sandinista decidió  condenar al obispo lo más pronto posible para avanzar en su proceso de silenciar por completo a la institución religiosa mediante un proceso carente de defensa técnica, porque han sido violentadas las garantías de un debido proceso.

“El juicio contra monseñor Álvarez Lagos se diferencia de los ejecutado  en menoscabo de las personas presas políticas de 2018-2021, que tuvieron trámites  antiguos y las audiencias se proponían de manera sistemática por los jueces sandinistas”.

El obispo está en indefensión

Para Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), lo que hubo inicialmente con monseñor Rolando Álvarez fue un secuestro policial ordenado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al tenerlo junto a otros religiosos quince días en cautiverio en la casa cural de la Diócesis de  Matagalpa.

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Carmona afirma que además de violentar los derechos y garantías constitucionales al obispo Álvarez, también el régimen de Ortega atacó su  honor y reputación, cuando utilizó a la Policía para imputar calumnias y  acciones delictivas para que la población creyera que el obispo realizaba  acciones delincuenciales y que no estaba cumpliendo con su misión pastoral.

El activista de derechos humanos manifestó que  los  procesos penales aperturados en contra los sacerdotes y especialmente contra monseñor Álvarez, se han caracterizado por un  marcado retroceso del sistema de justicia penal nicaragüense en función de los intereses de la dictadura.

“Los jueces y magistrados se han apartado de su función pública y se subordinan a la dictadura en detrimento del marco legal del país y dejan en la indefensión a las personas presas políticas”.

Marcos Carmona

Ambos defensores de derechos humanos coinciden que el obispo Rolando Álvarez Lagos enfrenta un juicio político y demandan de la Conferencia Episcopal de Nicaragua una posición beligerante ante la represión que están sufriendo los representantes de la Iglesia Católica.

“El Vaticano debe romper el silencio y pedir a la dictadura sandinista termine con los ataques a la Iglesia católica, son suficientes las agresiones a sacerdotes y un obispo nicaragüense para que el papa Francisco se pronuncie contundentemente”, dijo Carmona.

Y después del Obispo Rolando Álvarez ¿quién sigue?