Un grupo de agentes de la Policía junto a personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y civiles armados se tomaron por la fuerza las instalaciones del Grupo Venancia la mañana de este miércoles, según denunció la organización a través de sus redes sociales.

El Grupo Venancia fue despojado de su personería jurídica a finales del mes de junio del año pasado por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Esta organización fue cerrada por supuesto lavado de dinero y por “promover el aborto”, según acusó el régimen de Ortega.

En Nicaragua, toda forma de interrupción del embarazo está prohibida y penada por la ley, pero han sido los movimientos feministas y de derechos de las mujeres los que han promovido la despenalización del mismo argumentando razones médicas, biológicas y derechos de las mujere

Según la denuncia que hizo el Grupo Venancia en sus redes sociales, los agentes de la policía llegaron a eso de las nueve y media de la mañana a sus oficinas ubicadas en el barrio Guanuca, en Matagalpa, en donde tenían 31 años operando.

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“El despojo de nuestro inmueble es un paso arbitrario más tras la ilegal cancelación de nuestra personería jurídica, porque ya sabemos que las leyes son papel mojado en este país. Esta es otra muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos”, catalogó el Grupo Venancia en un comunicado.  

Tras la cancelación de su personería jurídica, la organización afirmó que se mantendrá en resistencia y continuarán con el compromiso de velar por el respeto de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de riesgo

“Las instalaciones de grupo Venancia han sido durante todos estos años una casa abierta para la reflexión feminista y el empoderamiento personal y colectivo de mujeres de todas las edades, principalmente de las zonas rurales de diversos departamentos del norte de Nicaragua. También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia; y un espacio de denuncia y acuerpamiento para la comunidad LGBTQ+”, detalla la denuncia hecha por el organismo.

Por otro lado, el Grupo Venancia catalogó la toma de sus oficinas como “un robo” y no confiscación ya que no se está cumpliendo con los procedimientos legales para que esta sea una confiscación como tal.

“Nos despojan del local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea un delito”, resaltó el organismo en su denuncia.