Nicaragua constituye el caso más grave de regresión democrática de toda la región centroamericana; así lo demostró el estudio “Democracia en Centroamérica: La eterna tentación” que otorga al país una puntuación de 2.5 a la luz del Índice de democracia.

Así mismo se sitúa al país centroamericano en el puesto 143 de 167 países evaluados, “como por lo grosero que son sus niveles de corrupción, los ataques y la criminalización de los profesionales de prensa y sus desmanes de poder: confiscaciones de propiedades a opositores, organizaciones y universidades; destierro; tortura y violaciones sexuales a personas encarceladas” entre otras razones.

Así mismo, el informe recuerda que el control del ejecutivo ha acaparado todos los niveles de las instituciones del Estado, aniquilando sus independencias, a tal punto que en organismos como la Corte Suprema de Justicia de han desarrollado “purgas” ante cualquier sospecha de “insubordinación” donde se han removido de “facto” algunos puestos de autoridades importantes como el caso de Alba Luz Ramos.

Régimen dictatorial totalitario

“El régimen dictatorial totalitario que se ha impuesto en Nicaragua ha sido en buena medida gracias al control que el régimen Ortega-Murillo tiene sobre la Policía, el Ejército y fuerzas irregulares afines. Este control estratégico ha permitido consolidar un poder autoritario, otorgándoles a estas fuerzas estatales y paraestatales un rol fundamental en la ejecución de políticas represivas y la supresión de cualquier expresión de disidencia”, detalla el documento.

No obstante, también se recuerda que el Grupo de Expertos para Nicaragua creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), concluyó en marzo pasado que Daniel Ortega, Rosario Murillo, mandos policiales “y otras entidades estatales han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad”.

Lo anterior, ha colocado al país en lo que ellos determinan “una triada preocupante” la cual es compuesta por Nicaragua, El Salvador y Honduras, los cuales han sido de especial atención “no solo por los problemas democráticos ya mostrados, sino también porque en estos tres países las fuerzas armadas y policiales tienen un especial protagonismo en la vida pública”, explica el documento.

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