Medidas de protección para los abogados Vilma Núñez y Gonzalo Carrión son reiteradas por la CorteIDH 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene el desacato a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y por tal razón el tribunal internacional reiteró el jueves las medidas de protección para los abogados nicaragüenses Vilma Núñez de Escorcia y Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga, quienes fueron despojados de su nacionalidad.

De acuerdo con una resolución de medidas provisionales, la CorteIDH requirió al Estado nicaragüense que “deje sin efecto los procesos penales seguidos en contra de Vilma Núñez de Escorcia y Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga y, en consecuencia, se abstenga de proceder a la detención o de adoptar cualquier otra medida restrictiva de la libertad”.

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De igual manera el tribunal internacional también exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que se “abstenga de ejecutar cualquier acción tendiente a obstaculizar su labor en la defensa de los derechos humanos”.

Es importante señalar que la CorteIDH ya había ordenado en 2019 y 2021 medidas de protección para los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), sin que el Estado haya dado respuesta ni acatado.

Régimen en desacato de medidas señala CorteIDH

Es por ello que la CorteIDH recuerda a la dictadura de Nicaragua que ambos activistas fueron procesados penalmente el 15 de febrero de 2023 por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación”.

Estas personas fueron condenadas a la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, así como la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de todos los bienes inmuebles y sociedades.

El 11 de mayo de 2023, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, emitió una resolución mediante la cual resolvió suspender, de forma definitiva, el ejercicio de la profesión y anular los títulos de abogados de Vilma Núñez y Guillermo Gonzalo Carrión, sin que ellos pudieran ejercer derecho alguno de defensa, detalló la CorteIDH.

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El tribunal también recordó que el régimen declaró a los dos activistas como “prófugos de la justicia”.