Exiliados nicaragüenses a merced del orteguismo

Muy contundente fue el reciente informe sobre prácticas de derechos humanos en Nicaragua, formulado por el Departamento de Estado y es efectiva en la parte sobre la situación de exiliados nicaragüenses refugiados en Costa Rica, pues no ha sido una vez, ni dos, ni tres las veces en que personeros de la dictadura sandinista de Nicaragua han acosados, amenazados, hasta atentado contra la vida de los refugiados nicaragüenses que son críticos del régimen Ortega- Murillo en suelo de Costa Rica.

El informe indica que recientemente nicaragüenses exiliados en Costa Rica y otras partes del mundo, denunciaron acoso y opresión política por parte de simpatizantes parapoliciales y del FSLN que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por funcionarios de inteligencia dentro de la embajada de Nicaragua en Costa Rica.

El peligro de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica

Y es que lo más grave es que al parecer la dictadura sandinista ha encontrado afinidad y una buena coordinación con el gobierno de Rodrigo Chaves de Costa Rica, para poder tener en sus ergástulas a los perseguidos políticos, pues a través de una polémica ley sobre “delitos cibernéticos”, permitió al régimen sandinista  utilizar la extradición internacional para perseguir a ciudadanos opositores que viven en el extranjero.

El documento detalla amenazas, acoso, vigilancia y coerción: Familiares de miembros de la oposición en el exilio fueron vigilados, acosados, detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del gobierno de obligar a los miembros de la oposición exiliados a regresar al país y enfrentar arresto. El gobierno negaba sistemáticamente a estos familiares el acceso a documentos públicos, como certificados de nacimiento de niños bajo tutela conjunta o pasaportes. En varios casos, las autoridades exigieron que un padre que había sido exiliado por la fuerza por el gobierno estuviera presente para solicitar documentos públicos para los menores.

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Otro caso aconteció el 1 de diciembre, cuando la policía acusó a Karen Celebertti, organizadora de la franquicia local de Miss Universo, de incitar y financiar acciones terroristas y de conspirar en un complot respaldado por el extranjero para derrocar al gobierno. Las autoridades prohibieron a Celebertti y su hija regresar al país después de la competencia a fines de noviembre. El 27 de noviembre, la policía arrestó a su esposo y a su hijo bajo cargos similares, y permanecían detenidos hasta el 20 de diciembre.

Uso indebido de notificaciones a la Interpol

Se destaca que hubo informes creíbles de que el régimen intentó hacer un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos motivados como represalia contra personas que consideraba opositoras, incluido el clero que se exiliaba.

Otros informes creíbles revelaron que autoridades intentaron controlar la movilidad para tomar represalias contra ciudadanos en el extranjero negándoles servicios consulares. Las autoridades de inmigración dentro del país (Nicaragua) y a través de oficinas consulares en el extranjero negaron el acceso a pasaportes a supuestos opositores políticos y a sus familiares, impidiéndoles viajar a un tercer país. Además, el gobierno –utilizando principalmente notificaciones por correo electrónico enviadas por las aerolíneas– negó la entrada a más de 40 ciudadanos que intentaban regresar al país.