Una madre identificada por la Policía de Costa Rica con los apellidos Salazar Jara y su hija Amador Salazar fueron detenidas y puesta al orden de las autoridades judiciales señaladas de los delitos de trata de personas, con fines de explotación sexual, en menoscabo de una dama que mantenían en sujeción, según medios costarricenses.
El hecho se dio en el lugar conocido como El Infiernillo, provincia de Alajuela, Costa Rica.
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De manera extraoficial se supo que las capturadas en Costa Rica obligaban a su víctima a consumir droga, además la golpeaban y le exigían sostener relaciones sexuales con hombres, que pagaban los servicios a las implicadas.
Organizaciones feministas demandan a Costa Rica y otros gobernantes políticas integrales
Según testigos las victimarias mantenían retenida a la víctima en condiciones malsanas y sin poder salir. Las detenidas están a la orden del Ministerio Público.
Organizaciones feministas de Nicaragua dijeron desde el anonimato que los gobiernos centroamericanos no cumplen a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, aunque aislado esfuerzo en ese sentido.
El financiamiento de programas contra la trata siguió siendo inadecuado, en particular para garantizar medidas de prevención y las campañas para crear conciencia sobre la trata. Los gobernantes investigan y procesan menos casos de trata que en el período que el año pasado 2022 destacaron.
Gobernantes deben aumentar el financiamiento para medidas de protección a mujeres víctimas
Por su parte lideresas que trabajan en redes de atención a los derechos de las mujeres en Centroamérica y Latinoamérica, expresaron que los gobiernos del área deben aumentar la identificación y derivación de víctimas, particularmente en coordinación y colaboración con socios locales
Aumentar la identificación y derivación de víctimas, particularmente en coordinación con socios locales, interinstitucionales y de la sociedad
Igualmente aumentar el financiamiento para los servicios para las víctimas y proporcionar alojamiento y servicios especializados para las víctimas de la trata en colaboración con las organizaciones de la sociedad.
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También capacitar a los fiscales locales para que reconozcan los casos de trata y busquen el apoyo de la fiscalía nacional.
