Una carta dirigida a la administración de Joe Biden enviaron esta semana varios senadores estadounidenses, en la cual expresan su grave preocupación por la consolidación de un estado totalitario en el hemisferio, refiriéndose así al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los senadores firmantes de la misiva son Ben Cardi, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, junto con los senadores Marco Rubio, Dick Durbin, Bill Cassidy, Tim Kaine, Eric Schmitt, Jeff Merkley, Ted Cruz y Peter Welch.

En la carta también instan a Biden a reaccionar de manera rápida y ejercer una mayor presión internacional para responsabilizar al régimen Ortega-Murillo por su patrón sistémico actual de represión y abusos contra los derechos humanos.

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El escrito también plantea preocupaciones sobre la incesante represión del régimen sandinista contra la libertad religiosa, incluida la detención arbitraria y el posterior exilio de miembros del clero, incluido el obispo Rolando Álvarez, sacerdote ordenado de la Arquidiócesis de Managua que fue declarado traidor a la patria y enfrentó una condena de 26 años.

No obstante, el 13 de enero de 2024, Nicaragua expulsó a Álvarez y a otros 18 miembros del clero encarcelados y los transfirió a las autoridades del Vaticano en Roma, tras llegar a un acuerdo, que en su momento fue incentivado por la Santa Sede y no por el régimen, a como quiso Ortega alegar a modo de Pilatos.

“Apoyamos los esfuerzos de la Administración Biden, hasta el momento, para garantizar la liberación de los presos políticos y responsabilizar al régimen Ortega-Murillo, incluso mediante sanciones selectivas a funcionarios del régimen y entidades creíblemente acusadas de corrupción y de socavar la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, hay que hacer más”, demandaron los legisladores.

Mientras el Congreso trabaja para reautorizar la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (Ley NICA), que expiró en diciembre, los senadores piden a la administración demócrata implementar plenamente la Ley bipartidista RENACER de 2021 y continuar usando las autoridades otorgadas por la orden ejecutiva 14088 de manera consistente con la Ley NICA.

“Juntas, estas autoridades legislativas describen varias acciones adicionales que la Administración Biden podría tomar para intensificar los esfuerzos para incentivar al régimen Ortega-Murillo a cambiar de rumbo y así restablecer la democracia en Nicaragua”, recalcaron los firmantes.

“Grupo de Expertos de la ONU condena de forma individual a servidores del régimen”

Contundente fue el reciente informe ante la Organización de las Naciones Unidas, presentado este 29 de febrero por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el cual señala que el régimen de orteguista extendió en el último año la represión a toda la población que sea percibida como opositora o que “no sea lo suficientemente leal” al gobierno sandinista.

Este segundo informe va en sintonía con el primero, presentado en marzo de 2023 y que determinó que Ortega, Rosario Murillo y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezado por la Policía, cometen crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses. Profundizando en el análisis de los patrones de violaciones y abusos, la impunidad y las responsabilidades penales individuales, describiendo la estructura de poder organizada del Estado represivo y sus cadenas de mando donde salen salpicados de manera individual Gustavo Porras, Ana Julia Guido, Marvin Aguilar y Luis Cañas.