Grupo de empleados públicos designados a la PGR son tratados de “parásitos”

Un grupo de servidores públicos (abogados en su mayoría) del Tribunal Aduanero y Tributario fueron trasladados de sus oficinas centrales en Managua a una bodega ubicada en la misma capital que presenta condiciones precarias.

De acuerdo a la fuente que prefiere mantenerse en el anonimato por cuestión de seguridad, la bodega no cuenta con un sistema de ventilación adecuada, es decir, ni siquiera hay abanicos ni mucho menos un aire acondicionado, lo cual generaría problemas de salud en los trabajadores asignados a ese lugar con condiciones inhumanas.

La fuente anónima expresó a Darío Medios que la nueva jefa del personal, a quien los trabajadores públicos describen como una persona déspota que cumple órdenes directas de Rosario Murillo, la vicedictadora del régimen sandinista, les dijo que ellos “eran un atraso para el gobierno porque no generan activos” y los tildó de ser unos “parásitos”.

Además, a los servidores públicos de esa dependencia del Estado les quitaron bonos y otros privilegios económicos que antes tenían a su disposición.

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Asimismo, la misma fuente aseguró tanto el grupo donde fue asignada, como otros trabajadores públicos se encuentran en la misma condición de atropello a sus derechos, por lo que muchos estarían optando por abandonar los puestos y emigrar, una situación que sigue repitiéndose en el país frente a la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde el 2018.

Según datos del experto en economía y remesas Manuel Orozco, más de 750 mil nicaragüense han salido del país en busca de mejores oportunidades en el exterior, y la cifra no para de aumentar ante ese panorama político , económico y social desalentador.

“Barrida en el Poder Judicial”

Cabe recordar que los jueces que salieron ilesos al maremoto de despidos que sacudió al Poder Judicial entre los meses de octubre y noviembre de 2023 se quejan del recorte de privilegios económicos que tenían como incentivo por su labor, entre ellos un bono navideño equivalente a un mes de salario que les entregaban cada diciembre.

De acuerdo a la fuente fue una orden directa de Rosario Murillo, por lo que los superiores aplican esta ley de terror en los mismos empleados que tienen años laborando.

Se maneja que el complejo judicial de Masaya es uno de los más afectados por la falta de de jueces, ya que tras dos meses desde los despidos no han nombrado a las nuevas autoridades.

«El resultado de eso es el estancamiento de los procesos penales», coinciden expertos en leyes de Nicaragua.

“Inconformidad e impotencia por mega recortes en liquidaciones”

La nueva “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, aprobada por Daniel Ortega en noviembre de 2023 no ha caído bien entre miles de empleados públicos que verán reducidas sus liquidaciones a partir ahora. Hay rabia, pero también impotencia porque saben que alzar su voz en contra de lo que consideran una “injusticia” les costaría el puesto de trabajo.

“No se limitaron en nada. Prácticamente te quieren obligar a quedarte toda la vida hasta la jubilación o te vas sin nada”, dijo un trabajador de la central del Ministerio de Transñorte e Infraestructura( MTI) en Managua. Algunos trabajadores se han mostrado inconformes, pero pocos sorprendidos, puesto que dicen que los despidos en el Estado sin derecho a liquidación son una práctica silenciosa de vieja data y de la que poco se habla.

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La normativa establece que los empleados públicos solo tendrán derecho a cobrar liquidación a partir de los 3 años de servicios continuos. Es decir, una tabla de indemnización de ambigüedad laboral en la que un trabajador de alguna institución del Estado que tenga entre 3 a 10 años, recibirá como liquidación el equivalente a un mes de salario. El que tenga de 10 a 15 años, obtendrá lo correspondiente a dos meses de sueldo; los que acumulen entre 15 a 20 años de trabajo, cobrarán 3 mensualidades, y cinco los que acumulen más de 20 años. Los únicos que no se les aplica la medida, son a los trabajadores del Estado que sean promovidos para ocupar altos cargos.

Expertos en leyes aseguran que con este instrumento jurídico, Ortega-Murillo traicionan a los trabajadores del Estado que los sostienen en el poder y particularmente a los de nuevo ingreso, condicionándoles sus renuncias, a como lo hizo con la Policía.