Organizaciones internacionales de derechos humanos manifestaron su preocupación por la medida ilegal que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de despojar de la nacionalidad a 94 nicaragüenses y confiscar sus bienes.
Dentro de las personas expatriadas se encuentran el doctor Sergio Ramírez Mercado, ex vicepresidente de Nicaragua, la poetisa Gioconda Belli, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); la lideresa campesina Francisca Ramírez; y al menos trece periodistas, entre ellos Aníbal Toruño Jirón, propietario de Radio Darío y Patricia Orozco exdirectora del programa “Onda Local”.
La mayoría de las 94 personas críticas a la dictadura están en el exilio y ahora se suman a la lista de 222 ex prisioneros políticos confinados y llevados a Estados Unidos..
También monseñor Rolando Álvarez, que se negó a dejar su patria, fue detenido y llevado por agentes de la Policía a la cárcel de castigo político de los Ortega – Murillo llamada el “infiernillo” en “La Modelo” de Tipitapa y penado a 26 años y 4 meses de prisión y desposeído de su nacionalidad.
Dentro de las organizaciones internacionales que condenan la medida de Ortega, está: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que refutó esta nueva fase del orteguismo contra protectoras de derechos humanos, y voces divergentes a la dictadura.
Asimismo Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que “quitar la nacionalidad a opositores es un hecho que violenta “todo derecho” y es otra forma de martirio del régimen orteguista a sus críticos.
Por su parte el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa inquietud por la seguridad e integridad de la doctora Vilma Núñez de Escorcia, Azahalea Solís y otros opositores que están dentro de Nicaragua y que fueron declarados por el régimen apátrida.
El Cejil al igual que el resto de organismos de derechos humanos exigen a la dictadura de Daniel Ortega la inmediata restitución de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas opositoras y a los 222 ex excarcelados políticos, y las garantías de respeto de sus derechos humanos.
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“Demandamos a la comunidad internacional tomar medidas inmediatas y concluyentes ante esta nueva escalada de abusos de Ortega y a la vez promover protección a las personas defensoras en peligro”, dijo Amnistía Internacional.
También la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), condenó “hondamente” la privación inicua de la nacionalidad a la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia e insistió ante la comunidad internacional que debe reaccionar de forma consecuente “rápida y decisiva” frente a otra etapa represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los nicaragüenses.
“La FIDH señala que la nacionalidad un derecho perpetuo de los nicaragüenses y su arrebató es una violación del derecho internacional de los derechos humanos.
El organismo internacional expresa que la actuación del Tribunal de Apelaciones de Managua extiende un evidente y peligroso mensaje de criminalización y acoso a la sociedad civil nicaragüense del régimen Orteguista, se lee en un comunicado emitido por la FIDH.
