A seis años de las protestas sociales en Nicaragua, que se conmemoró este 19 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que es «urgente restablecer la democracia y poner fin a la represión en el país».
A través de su sitio web, el organismo afirmó que es apremiante combatir la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018.
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Asimismo indicó que las protestas sociales —iniciadas por personas mayores y apoyadas por jóvenes y estudiantes universitario en respuesta a reformas propuestas a la Ley de Seguridad Social— «reflejaron espontáneamente el descontento social acumulado a través de los años frente a procesos institucionales que fueron coartando la expresión ciudadana, cooptando las instituciones públicas y concentrando los poderes públicos en el Ejecutivo».
En cuanto a las víctimas de la represión estatal, la CIDH recordó que dejó la muerte de al menos 355 personas, más de dos mil herido y más de dos mil detenidos de forma arbitraria.
Además, sostuvo que de acuerdo de acuerdo con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Nicaragua) y otros mecanismos de Naciones Unidas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo «llevó a cabo conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad, tales como asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada».
«A partir de entonces la represión estatal contra las voces disidentes ha persistido bajo diferentes etapas y niveles de intensidad, desencadenando una crisis política, social y de derechos humanos que sigue profundizándose», agregó.
CIDH: Represión en Nicaragua a ocasionado exilio masivo
Por otra parte, la CIDH Señaló que desde 2018 ha documentado la continuidad de detenciones arbitrarias, la permanente amenaza de criminalización y un clima de persecución y vigilancia contra la población civil que ha forzado a miles de personas a desplazarse a otros países.
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Enfatizó, además, que, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 440.00 nicaragüenses solicitaron asilo a nivel mundial, entre 2018 y 2023; «sumándose a ello el hostigamiento más allá de las fronteras del Estado, llegando hasta la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y al destierro, así como el despojo de bienes y pensiones».
Nicaragua transformado en un estado policial
A la vez subrayó que la concentración del poder ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, «donde el Ejecutivo (Daniel Ortega) tiene instalado un régimen de terror, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales».
Por lo anterior, la CIDH recordó que, en virtud de las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros instrumentos internacionales, Nicaragua «continúa obligado a investigar y sancionar toda violación a derechos humanos».
También hizo un llamado a los Estados de la región y a la comunidad internacional que se promueva el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua, «así como realizar esfuerzos para evitar la impunidad de crímenes internacionales conforme al derecho internacional».
«El fin de la impunidad y el retorno del sistema de la democracia representativa constituye la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos y es el firme sustento de la solidaridad entre los países del continente», concluyó el organismo, afirmando que pese a la denuncia de la Carta de la OEA, la CIDH continuará ejerciendo sus mandatos de monitoreo a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
