La dictadura de los Ortega-Murillo acusó mediante la Fiscalía a los 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad la tarde del miércoles 15 de febrero de 2023.
El magistrado orteguista Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó una resolución ordenando quitar la nacionalidad a los 94 nicaragüenses, entre ellos, periodistas y opositores, en su mayoría exiliados, a quienes el régimen también estableció confiscar sus patrimonios..
El fiscal sandinista Manuel de Jesús Rugama Peña presentó la imputación en los juzgados capitalinos el pasado 14 de febrero en horas de la tarde, precisamente cuando Rosario Murillo en su alocución con los medios oficialistas conversaba de amor y paz.
La acusación fue presentada por la Fiscalía al servicio de la dictadura ante la Juez Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, quien ha condenado a presos políticos.
En la inculpación, la Fiscalía establece como víctima “al Estado y la sociedad nicaragüense” e incluye a monseñor Silvio José Báez Ortega, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y sacerdotes.
Expertos en derecho penal dijeron bajo condición de anonimato que el procedimiento aplicado contra los 94 acusados, por el Poder Judicial orteguista, es ilegal, porque todas las actuaciones de los jueces fueron al margen del proceso oral, público y contradictorio que determina la legislación penal nicaragüense.
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Los especialistas aseguran que de acuerdo al principio de Legalidad ningún nicaragüense puede ser penado sin una sentencia firme y para tal fin tiene que darse un juicio bajo la modalidad, oral y público y contradictorio.
Mediante el proceso el acusado debe tener el derecho a la defensa y que comparezca ante la autoridad judicial, extinguiendo todas las vías, anotaron los instruidos.
Los abogados manifestaron que el artículo 95, numeral 13 del Código Procesal Penal, entre los “Derechos del acusado”, en el numeral 13 instituye que no debe ser juzgado en ausencia, solo cuando el imputado se fuga una vez iniciado el juicio.
Los 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad y declarados traidores a la patria dijeron que nunca fueron acusados y que tampoco fueron citados por ninguna autoridad judicial.
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