Nicaragua: Los millones de la represión

En su camino al totalitarismo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo incrementó en 1, 484 millones de córdobas el presupuesto de las tres principales instituciones a cargo de la represión entre 2018 y 2022: la Policía, a cargo de las detenciones; el Ministerio Público, responsable de las fabricaciones judiciales; y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la emisión de las sentencias políticas.

La cifra de las tres instituciones sería un poco más baja que el presupuesto del Programa de Inversión Pública del Ministerio de Educación en 2021, cuando recibió un total de 1,542.12 millones de córdobas divididos así: 944.47 millones de córdobas provenientes del Tesoro, 512.54 millones de córdobas del Banco Mundial, 67.92 millones de córdobas de recursos propios y 17.19 millones de córdobas de España, de acuerdo con los datos publicados de 2021 por el Estado en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).

Para el economista Marco Aurelio Peña, exiliado en Costa Rica y quien desde ese país da seguimiento a los temas presupuestarios de Nicaragua, el régimen Ortega Murillo busca mantener una política administrativa de incremento de presupuesto a estas instituciones represivas, lo que es destacable si se toma en cuenta que hubo recesión en 2019.

“Para 2022 si sumamos el Ministerio Público más la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no llega al asignado al de la Policía. En otras palabras, la Policía es el bastión presupuestario más importante para el régimen”, dijo Peña, quien señala que el 9.4% de los ingresos totales [OE1] del Estado fueron para la Fiscalía, Policía y Corte Suprema de Justicia, con lo que se puede concluir que el “régimen sandinista no podría sostenerse” sin esos aportes.

El fortalecimiento del Estado del terror

Nicaragua vive bajo un estado en que ha sido conculcado el derecho a la protesta desde septiembre de 2018, a la asociación tras el cierre masivo de Organismos No Gubernamentales, y se ha perseguido a líderes políticos, familiares de opositores, se han cerrado medios y hostigado a periodistas, forzando al menos a 246 al exilio.

Los victimarios son los principales dirigentes del Estado, quienes fueron señalados de delitos de lesa humanidad a finales de febrero de 2024 en un informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas. Precisamente, los datos oficiales analizados por Darío Medios permiten concluir que hay una política estatal de persecución, que pasa por aumentar el financiamiento de la represión.

El análisis presupuestario, preparado por un equipo periodístico en ocasión del sexto aniversario de las protestas, indica que la Policía recibió 960.2 millones en 2022 más de lo que tenía en 2018, seguido de la CSJ con 488.5 millones y la Fiscalía con 35.3 millones de córdobas.

En la elaboración de este análisis, el equipo de Darío Medios revisó los informes de liquidación presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre 2018 y 2021, a lo que se añadió las estimaciones del economista Peña para 2022. Tal como adelantó el experto, los datos refieren que todo el aparato represivo (es decir el de las tres instituciones) pasó de recibir 7,136.2 millones de córdobas en 2018 a 8, 620.2 millones de córdobas en 2022.

2021: El año de la escalada represiva

El período de mayor aumento de dinero para la represión quedó reflejado en 2021, cuando el orteguismo encarceló a 40 líderes, entre políticos, referentes de la sociedad civil y estudiantes en los meses previos a las votaciones presidenciales, en las que Ortega—gracias a la eliminación de la competencia electoral, lo que logró encarcelando a sus posibles competidores—se “reeligió” en una elección que la OEA consideró sin “legitimidad democrática” el 12 de noviembre de 2021.

Durante 2021, en ese sentido, la Policía pasó de recibir 3,546.3 millones de córdobas en 2018 a 4, 425.5 millones de córdobas, mientras la Corte aumentó de 3, 281.9 millones de córdobas a 3, 441.1 millones de córdobas. La Fiscalía finalmente, de 308 millones a 325.2 millones de córdobas en el mismo período.

Mientras tanto, las víctimas del Estado continúan llorando a sus familiares asesinados en 2018, y demandando justicia frente a un Estado impune. Para “Ignacio”, a quien llamaremos así para evitar represalias en su contra, aún está fresco el recuerdo del día que sepultó a su hijo. Las patrullas llegaban a asediar su casa, la vigilancia era permanente. Darse cuenta ahora de estas grandes sumas destinadas para la represión lo indignan. Es “una burla nacional”.

“Incluso (es una burla) hasta para sus propios militantes que los ven como gatos. Yo le trabajé al Estado hasta que mataron a mi hijo en 2018; me corrieron del trabajo, y hasta la fecha me la rebusco para sobrevivir, mientras los asesinos siguen ganando más”, añadió este hombre, quien sostiene que Ortega da más dinero a los aparatos represivos porque en el fondo tiene miedo y necesita comprar lealtades.

El Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, cuyos defensores han seguido denunciando las violaciones de Nicaragua desde sus oficinas en Costa Rica, afirma que se ha instaurado un sistema de persecución que combina la utilización de agentes estatales, paraestatales, además del fortalecimiento de las tres instituciones mencionadas.

El Colectivo recordó en una declaración a Darío Medios que se han cometido múltiples “crímenes de lesa humanidad” en Nicaragua como el asesinato, encarcelamientos, tortura, violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos.

Un investigador en temas de seguridad comentó también bajo anonimato, que efectivamente es visible el aumento del presupuesto para reprimir a la población nicaragüense. “Hay una serie de instituciones y de aparatos paraestatales que fueron y están creados para vigilar, controlar y perseguir a las personas en Nicaragua con el fin de que no haya ninguna clase de expresión de descontento, insatisfacción en contra de la dictadura orteguista”, sostuvo.

El extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, afirmó que el Ministerio Público se quejaba de que su presupuesto era raquítico en 2018, y a lo interno se llegó a cuestionar que cómo era posible que un fiscal tuviera que andar a pie, a pesar de exponer su vida.

“No había recursos y los fiscales eran muy mal pagados. Incluso, el Ministerio Público quiso llegar a ser un apéndice del Poder Judicial para gozar el presupuesto del 4%”, agrega Morazán, quien considera que el aumento ahora se explica en la fabricación de delitos políticos contra opositores.

El calvario del expreso político Freddy Navas

Freddy Navas, uno de los principales dirigentes del Movimiento Campesino, crítico de la dictadura y hoy en el exilio, se acuerda cuando fue encerrado en tres ocasiones: el 17 de noviembre de 2018, el 11 de junio de 2019 y el 15 de julio de 2021.

Navas fue uno de los 222 reos políticos que fueron desterrados y desnacionalizados por Ortega en febrero de 2023. Asegura que al régimen no le bastó con echarlo preso, juzgarlo y quitarle sus propiedades.  Parte de su familia tuvo que huir del país por hostigamiento policial y paramilitar. Su esposa y sus dos hijos salieron al exilio en los años difíciles de 2021 y 2022.

“Estamos en total indefensión, peor los que estamos en el exilio y los que somos adultos mayores la estamos pasando muy duro, todo por la perpetuidad que pretende la dictadura en Nicaragua”, lamentó Navas, de 60 años, quien sobrevive en Estados Unidos con trabajos ocasionales.

El economista y exdiputado del antiguo Movimiento Renovador Sandinista, Enrique Sáenz, también en el exilio, sostiene que la represión es una política de Estado que se vale de todos los recursos disponibles. Uno de ellos es precisamente el Presupuesto General de la República. Agregó que la Policía dispone de suficientes armas y municipios para reprimir y lo único que necesita es la voluntad de disparar y, como sabemos, “no han tenido escrúpulos en hacerlo”.

En febrero pasado, cuando el grupo de Expertos de Naciones Unidas reiteró las acusaciones en el caso de Nicaragua, la procuradora de Ortega, Wendy Morales, dijo que el informe carece de credibilidad. El 21 de marzo de 2024, Estados Unidos sancionó a la funcionaria y dijo que ella facilita “una campaña coordinada que busca reprimir la disidencia incautando bienes de opositores políticos sin justificación legal”.

La persecución a la Iglesia Católica, más delitos para un régimen impune

Otro de los objetivos de la persecución ha sido la Iglesia católica. En un estudio de noviembre de 2022 sobre la persecución a esta institución, la abogada Martha Patricia Molina denunció un incremento de la represión contra esta institución. Documentó entonces 396 ataques entre abril de 2018 y octubre de 2022.

Ortega convirtió en un objetivo de ataques a la Iglesia, después que los religiosos respaldaron a las víctimas de la represión y denunciaron los abusos de poder, lo que causó la persecución a sacerdotes y obispos críticos, la prohibición de festividades religiosas, junto al espionaje denunciado en las mismas iglesias.

Producto de amenazas del régimen, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, se exilió en 2019 y desde ahí ha denunciado la intensificación de esta campaña de represión.

Ortega secuestró en 2022 y desterró en 2024 a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí. Lo envió a la Santa Sede, junto a 14 sacerdotes que también habían sido encarcelados.

Precisamente, uno de los principales sitios, donde la represión ha pegado duro es Matagalpa, la Diócesis ubicada al norte del país. Según un reportaje de la revista informativa Mosaico, reproducido por Confidencial, este departamento había perdido el 42 % de sus sacerdotes, una merma que atribuyeron a “la persecución”.

En todos estos casos denunciados, el aparato represivo ha funcionado a favor de los intereses de los Ortega: policías metiéndose incluso en iglesias, asediando y deteniendo ilegalmente a policías como ocurrió con el obispo Álvarez, o llevando procesos judiciales secretos, de los que incluso se desconoce la acusación, a pesar que los religiosos ya fueron desterrados.

“La persecución, objetivo e intensidad, creo que es la misma. Lo que cambia es la manera de agresión. Ahora tenemos más medios de comunicación atentos a denunciar, antes quedaba todo en el olvido sin firmar una memoria histórica. Antes la iglesia denunciaba y exponía las arbitrariedades y hoy guardan silencio, sin formar una memoria histórica Las agresiones hay que analizarlas según el contexto de cada época”, precisó Molina.