En el  Gimnasio del Colegio  La Salle  de la Ciudad de León, se llevó a cabo el acto  de celebración de los 37 aniversarios de Fundación de la Policía Nacional, en el mismo se dieron ascenso en grados a comisionados, sub comisionados. José Filemón Castellón Poveda fue ascendido a comisionado, asimismo  Cecilia Mercedes Rosales Briones,  Brigido  Omar Espinoza Ruiz, Luis Rey Vallejo, Manuel de Jesús Sandoval Manzanares a subcomisionados. El acto fue presidido por la jefa de la Policía primera comisionada Aminta Granera y autoridades municipales de León.

La Policía Nacional de Nicaragua surgió del seno popular. Su formación inició en julio de 1979 tras el histórico  derrocamiento de la Guardia Nacional, brazo armado de la dictadura somocista. El Gobierno de Reconstrucción Nacional decreta el 22 de agosto del mismo año, el Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua que en su Arto. 23 declara disuelta la Guardia Nacional, la Oficina de Seguridad Nacional y el Servicio de Inteligencia Militar, así como las leyes del país.

Oficialmente la Institución nace el cinco de septiembre del mismo año bajo el nombre de Policía Sandinista, sin embargo fue hasta en 1980 con el Decreto 559 que se crea la “Ley de Funciones Jurisdiccionales de la Policía Sandinista”.

Entre 1989 y 1992 se vivió una etapa de transición hacia la paz, se cambia el uniforme y se asume el nombre de Policía Nacional. El Decreto Ejecutivo 45-92 definió la función, organización y carrera Policial. En 1992, la Ley 144, Ley de Funciones de la Policía Nacional en materia de Auxilio Judicial, define nuevas funciones a la Institución.

El período de 1993 a 1997 estuvo marcado por el fortalecimiento institucional, a partir de las reformas constitucionales de 1995 que permitió la promulgación de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, emitida el 31 de julio de 1996 y su Reglamento a través del Decreto Presidencial No. 26-96, emitido el 25 de octubre del mismo año.  Con la Ley 228 queda claramente definida la visión, misión y funciones de la Institución Policial. La Policía Nacional se estructuró en una Dirección General, bajo el mando de una Jefatura Nacional y funcionaría de acuerdo a lo establecido por la Constitución, Leyes y Reglamentos.

Profesionalización de la Policía Nacional al suelo con  Reforma a la ley 228, orientada por el presidente Daniel Ortega.

El presidente Daniel Ortega convierte  a la Policía Nacional con la Reforma a ley 228  en una institución sometida a los intereses políticos y partidarios  y  eliminó la prohibición de la reelección de la jefa de la Policía Nacional, extendiendo su mandato de forma indefinida.

El período indefinido de Granera

Ortega abre  una prórroga indefinida al período de Granera, quien continúa actualmente en el cargo mediante un decreto presidencial desde septiembre de 2011, pese a los señalamientos de constitucionalistas que advirtieron que esto constituía una violación al período de cinco años establecido en la Constitución.

Además del caso de Granera, el mandatario podrá decidir sobre la continuidad de los actuales subdirectores y el inspector general (artículo 49) y la directora a su vez sobre el resto de oficiales que completen los 40 años de carrera policial (artículo 39).

La obediencia a Ortega

La obediencia al mandatario queda claramente establecida en la Reforma  de Ortega. La nueva ley dice que si los subdirectores desacatan una orden de Granera pueden ser destituidos (artículo diez, numeral siete) e igual puede ocurrirle lo mismo a ella si desacata una orden de Ortega (inciso seis, del mismo artículo).

 “En la Ley 228 o Ley Orgánica de la Policía Nacional, que se reformó con esta iniciativa, el numeral 1 del artículo 89 establecía como causal de destitución la “insubordinación” del Director General de la Policía al Presidente; sin embargo, ni en su reglamento ni en otro decreto se definen cuáles serían los actos de insubordinación. Este proyecto de reforma afina y cierra más la legislación en ese aspecto y deja como acto de insubordinación cualquier desacato o desobediencia a las órdenes presidenciales, por lo tanto, se fundamentaría un despido”, dijeron expertos en el tema.

“(El Presidente) aprovecharía esta “disposición” de la Policía para garantizar mayor cuota de fidelidad institucional. Es un trueque, mientras Ortega da a la Policía lo que ella quiere, demanda de la institución lo que él quiere y, por ende, los dos salen ganando. El perdedor en este caso es el profesionalismo institucional que, a partir de ahora, debe mayores cuotas de fidelidad político-partidaria más que nunca. Si había un reducto de profesionalismo, los jefes de la Policía Nacional lo acaban de vender con estas reformas”, dijo  Roberto Orozco, especialista en temas de seguridad ciudadana.