La Unión Europea mediante un comunicado dijo que recibió con “complacencia y bálsamo”, la liberación de las  222  personas  presas  políticas  que la madrugada del  jueves nueve de febrero, fueron desterradas de Nicaragua en una evidente  violación a sus derechos esenciales como nicaragüenses.

Dentro de los ex prisioneros políticos se encuentran tres ciudadanos de la Unión Europea y acoge con satisfacción el rol de la administración de los Estados Unidos, sobre todo en facilitar el viaje seguro y la entrada a ese país de los ex presos de conciencia y el apoyo de emergencia.

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La Asamblea Nacional controlada por la dictadura Ortega – Murillo aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución Política donde concretan de manera perenne la pérdida de la ciudadanía a los ex presos políticos, acusados de traición a la patria.

La Unión Europea impugna la decisión de la dictadura de quitar a los ex presos la ciudadanía nicaragüense, porque es un acto de violación de sus derechos civiles y políticos y de las normas internacionales, se lee en el comunicado.

La medida tomada por el régimen sandinista de liberar a 222 presos políticos es un “paso efectivo” por parte del gobierno de Ortega  que “debe ser seguido por diálogo franco y transparente”, expresan.

La Unión Europea señala  estar “abierta  a un diálogo político con Nicaragua, a través de las vías diplomáticas  adecuadas, y llevado de manera cortés”, se lee en el comunicado. La institución diplomática se ha pronunciado desde 2018, desde que ocurrieron las protestas antigubernamentales  y condenó la medida tomada por la dictadura de  Daniel Ortega para sacar a las calles a sus tropas paramilitares que asesinaron  a más de 300 manifestantes cívicos que demandaban su salida del poder.

Asimismo el Gobierno de España, mediante el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, brindó la nacionalidad española a los 222 presos políticos que el régimen  de Daniel Ortega y Rosario Murillo confinó.

El alto funcionario  español expuso a la agencia de noticias Servimedia, que la  decisión fue tomada después que Ortega declarara a los opositores “apátridas”, en un acto “irracional”, porque el nicaragüense no puede ser “desterrado de su patria”.

Para justificar el acto aberrante, el orteguismo  reformó el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, en el que expresa que las personas sentenciadas por traición a la patria “perderán la ciudadanía nicaragüense”.

“De manera inmediata, vamos a establecer comunicación con los ex prisioneros políticos en contacto con ellos”, para hacerles el ofrecimiento y realizar los trámites correspondientes indicó el diplomático español.

Albares también dijo que este ofrecimiento también se hace extensivo a aquellos opositores que siguen  detenidos y que posiblemente el  régimen también los acusará de traidores a la patria.

El trámite que se utilizará es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas, y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo”, expresó Albares.

Mientras  el eurodiputado José Ramón Bauzá dijo recibir con beneplácito  el ofrecimiento, sin embargo cuestionó  al gobierno español, expresando  “Por fin dan la sensación de que Nicaragua les importa. Quisiera que se comprometiese a no permitir la entrada a los dictadores Ortega, Maduro, Díaz-Canel y Luis Arce a la cumbre UE-CELAC”, sostuvo el europarlamentario.