La venganza de Daniel Ortega contra los universitarios que se rebelaron en 2018

Lo único que le quedó a Andrés Marenco de su paso por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue el recuerdo, algunos amigos y su carné de estudiante, pero nada más. Ni siquiera sus notas.

Este joven estudiaba Ingeniería Civil en esa universidad en la sede de su natal Juigalpa. Decidió estudiar eso porque desde muy chico se imaginó a su ciudad con mejor infraestructura. Puentes, calles, y edificaciones de mejor calidad, así que cuando le tocó escoger una carrera universitaria, vio una oportunidad para ser él quien pudiese llevar a cabo esas obras.

Cuando estallaron las protestas en abril de 2018, Andrés se unió a las marchas y plantones desde los primeros días. Con el tiempo, las protestas se intensificaron y empezó a escuchar los casos de estudiantes expulsados en otras universidades por su participación en las protestas, incluso amigos suyos que estudiaban en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), y que habían estado protestando con él.

Estaba en cuarto año de su carrera y Andrés sintió temor de que lo expulsaran así que fue a la UNI a tratar de retirar un certificado de sus notas “solo por cualquier cosa”, cuenta.

Cuando llegó a la UNI se dio cuenta de que ya estaba expulsado. Un guarda de seguridad verificó su nombre en la “lista negra”.

“Vos no tenés derecho a entrar al recinto, y por tu seguridad, es mejor que te vayas ya”, le dijo. Era 10 de agosto de 2018. “Nunca se me va a olvidar”, comenta.

Su sueño de colaborar con el desarrollo de su ciudad se le esfumó. Le faltaban dos años para terminar su carrera, y por haber salido a manifestarse en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya no tenía carrera que terminar.

Algo similar le sucedió a Aritz Báez. Él estaba estudiando Licenciatura en Inglés en la Facultad Regional Multidisciplinaria de la UNAN Chontales, pero luego de involucrarse en las protestas contra Daniel Ortega en su ciudad, el joven fue expulsado.

 “Hay muchos casos de estudiantes que no recibimos ninguna notificación, pero se nos quitó el acceso a la plataforma en línea de la UNAN, lo que claramente significa negarte el derecho” a estudiar, señala desde el exilio.

Expulsados por protestar

El 31 de agosto de 2018, un grupo de estudiantes filtró una carta de la UNAN Managua en la que se resolvía la expulsión de 82 universitarios “por haber sido participantes activos en tranques, uso de artefactos para agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades y laboratorios”, y también por “incitar al odio y la violencia”.

La carta estaba firmada por el secretario general de la universidad, Luis Alfredo Lobato y dirigida al director de Registro Académico Estudiantil, César Rodríguez Lara.

El documento especificaba que de los 82 expulsados solamente cuatro tenían suspensión por un año y al resto se les cancelaba su matrícula definitivamente.

Según la organización Acción Universitaria, la mayor parte de estos 82 jóvenes expulsados cursaban las carreras de Medicina, Economía y Ciencias Políticas, y el motivo fue la “participación activa en las protestas, marchas y por brindar atención médica a los heridos de la rebelión de abril”.

Si 82 estudiantes expulsados por protestar ya es una cifra grande, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene una cifra mayor. En una comunicación divulgada el 20 de noviembre de 2021, el organismo registra “más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios”, desde 2018.

Los expulsados son de Managua, León, Chontales, Carazo, Estelí y Matagalpa. La mayoría estudiaba en la UNAN y sus Facultades Regionales, y otros cursaban sus carreras en la UNI, la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

Hasta la fecha, ninguna de estas universidades ha informado públicamente sobre las expulsiones de estos jóvenes ni los motivos. Tampoco informó a los afectados sobre la decisión y el porqué les fueron borradas sus notas de los sistemas académicos.

“Yo no he recibido ni un correo ni nada de la UNI notificándome el porqué de mi expulsión o qué pasó con mis notas. Lo único que me quedó de la UNI es mi carné de estudiante”, dice Andrés Marenco.

La organización Acción Universitaria, que aglutina a varios jóvenes expulsados de sus casas de estudio, señala al Consejo Universitario de la UNAN Managua como el responsable de las expulsiones, las cuales consideran que no se dieron bajo los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en los Estatutos de la universidad.

De igual manera, la organización indicó que las autoridades de la UNAN Managua negaron “la oportunidad de ejercicio del derecho a la defensa y esclarecimiento de casos específicos para cada expulsión”.

El académico Adrián Meza destaca que los estudiantes expulsados y que se fueron al exilio se ven obligados a enfrentarse con las necesidades de sobrevivir y también se topan con el rigor de las universidades extranjeras. Gran parte de los universitarios expulsados se encuentra en Costa Rica.

“Esa doble articulación de enfrentar la vida diaria, trabajar, sustentarse y además de eso cumplir con sus obligaciones académicas, es el primer reto que enfrentan los estudiantes”, detalla Meza.

Claudia Vargas, oficial de programas de la Fundación Arias para la Paz indica que las organizaciones e instituciones en Costa Rica han podido hacer “muy poco” para ayudarles. “La magnitud del daño realizado a estos jóvenes no se puede medir”, resalta.

Vargas explica que no se ha podido realizar una acción concreta para que estos jóvenes puedan retomar su vida académica. “Creo que es necesario que todas las organizaciones y todos los que trabajamos con los refugiados nicaragüenses, y más del sector juvenil, nos juntemos y hagamos un consorcio inmediato de becas”, propone.

La funcionaria señala que este consorcio debería estar enfocado en ayudarle a los jóvenes a que retomen sus carreras universitarias y su vida estudiantil.

Violaciones a la Constitución y tratados internacionales

Con la expulsión de estos estudiantes, el régimen de Daniel Ortega violó los artículos 58 y 121 de la Constitución Política. El primero, es que garantiza el “derecho a la educación y a la cultura”, mientras que el 121 establece que “el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses”.

De igual manera, la dictadura violentó el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual el Estado de Nicaragua reconoce “el derecho a toda persona a la educación”.

Además, Ortega contraviene el artículo 1 de la Convención de la Unesco relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, en el cual se indica que la discriminación es toda “distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole” que tenga por finalidad “excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza”.

También es importante mencionar la violación al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a la educación” y en particular menciona que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

Cuatro años después

Muchos de los expulsados han pasado a formar parte de las organizaciones opositoras y también han optado por salir al exilio. Algunos de ellos han conseguido becas para estudiar fuera del país, como el joven Elthon Rivera.

A los 19 años empezó a cursar la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), pero él también estaba en la “lista negra” y fue expulsado.

Como sus notas fueron eliminadas del sistema, no podía continuar con sus estudios en otra universidad, así que decidió empezar desde cero en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Paulo Freire.

Esta universidad fue ilegalizada por el régimen de Ortega en enero de 2022 y Elthon empezó a ser perseguido por la Policía, así que decidió salir al exilio y aplicar a una beca en la Universidad de Medicina, Farmacia, Ciencia y Tecnología George Emil Palade, de Rumanía, y fue admitido.

Ahora, el joven se prepara para poder culminar la carrera que el régimen de Daniel Ortega le prohibió estudiar.

Pero no todos los jóvenes han tenido la oportunidad de continuar con sus estudios en el extranjero.

Andrés Marenco ya habría culminado sus estudios universitarios. Tendría su título de ingeniero civil y probablemente estaría ejerciendo, pero en su lugar se encuentra exiliado y sin poder estudiar.

Marenco decidió partir hacia Costa Rica en donde se ha dedicado al activismo y no ha podido retomar sus estudios. Su prioridad ha sido sobrevivir, comenta, y tampoco ha encontrado una oportunidad para estudiar y prepararse profesionalmente. “Hay universidades, pero privadas y sin mis notas tendría que empezar desde cero”, lamenta.

Aritz Báez, por su parte, se encuentra en el proceso de aplicación en dos universidades públicas de Costa Rica. Espera estudiar Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas. Este mes de octubre realizará su examen de admisión y espera poder profesionalizarse. “Algo que no logré en Nicaragua, espero lograrlo acá”, comenta.

Báez comenta que lo más complicado para poder empezar a estudiar es conocer el proceso para poder aplicar a universidades en el exterior. “Las personas que no traemos nuestras notas apostilladas desde Nicaragua, tenemos que llevar todo un proceso de reconocimiento de notas con las universidades y con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica”, lo cual es un proceso desconocido para todo el que sale huyendo de la represión del régimen de Ortega.