Cada vez son más las madres que reclaman pensión alimenticia por sus hijos a padres que han emigrado a otros países como Costa Rica, y quienes creen que pueden salirse con la suya.
“Muchos nicaragüenses se vienen a Costa Rica a buscar mejores condiciones de vida y sus parejas quedan en Nicaragua a cargo de los hijos, acá hacen vida y se olvidan de los niños que dejaron en Nicaragua”, aseguró a Darío Medios Isaac Monge, juez de pensiones alimentarias.
No obsante, los padres o madres que tras una separación o divorcio se comprometieron frente a un juez o en común acuerdo a cubrir los gastos de la pensión alimenticia de sus hijos, deben continuar asegurándoles este derecho, aunque hayan migrado a otro país.
Si bien, la legislación local vigente sobre este tema solo aplica para el territorio nacional, otros expertos señalan que existen instrumentos legales internacionales reconocidos por Nicaragua que amparan a los hijos en este sentido.
Uno de estos acuerdos es el Convenio sobre Cobro internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, ratificado por el Estado de Nicaragua en el año 2019 y que entró en vigencia en abril del 2020.
El Convenio del que son firmantes más de 40 países “permite cobrar el pago de pensión alimenticia ya decretada, demandar al progenitor desobligado y hasta dirimir la filiación”, según se explica en la página del poder judicial de Nicaragua.
Una de las bondades de esta herramienta jurídica internacional es que se puede lograr la ejecución de sentencias dictadas en tribunales nacionales, acuerdos firmados ante el Ministerio de la Familia ratificados judicialmente y acuerdos firmados y ratificados ante notario por la vía judicial.
Es decir, aunque se viva en Nicaragua y se tenga una sentencia judicial, podemos cobrar las prestaciones alimentarias para nuestro hijo menor en el extranjero, ya que son 45 países los que están adscritos a este convenio, que son en su mayoría países europeos y Estados Unidos.
Aumento de casos en Costa Rica
De acuerdo al juez Monge, en los juzgados fronterizos de Costa Rica, el 15% de los procesos de alimentos tienen que ver con padres nicaragüenses.
Y añade que “a las mujeres nicaragüenses que están quedándose solas con la responsabilidad de los niños, que en Costa Rica el estado provee hasta un defensor público gratuito para que ellas puedan venir a demandar al padre y nombrar a un apoderado para que asista el proceso si ella debe de regresar a Nicaragua”.
“Solamente debe de presentar algún documento que acredite que el demandado es el padre de los menores”, enfatizó el erudito en leyes.
Consecuencias de no pagar pensión por alimentos
Si la persona demandada migró de forma ilegal hacia Estados Unidos, el incumplimiento del pago de la pensión puede incluso llegar a afectarle en su proceso de regulación migratoria en ese país.
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“Si el padre está ilegal en Costa Rica, igual le obligan pagar pensión. Y le restringen además que pueda salir del país”, recalcó el juez Isaac.
Es por ello que queda claro que el incumplimiento del pago de la pensión puede incluso generarle al migrante en el extranjero apremio corporal o detención por parte de las autoridades del país a dónde migró y que es parte del convenio internacional que protege a los menores de edad.
