Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron a sus diputados de la Asamblea Nacional, que están bajo su mando, crear un “consejo” que dirigirá la “persecución” del crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero en Nicaragua.
El caudillo sandinista alegó que este Consejo es necesario para fortalecer la lucha contra el delito y la seguridad ciudadana.
De esta manera, todo lo relacionado a la delincuencia organizada deberá tener la “aprobación del Presidente”, explica la ley impuesta por Daniel Ortega.
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La iniciativa de “Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos”, fuen enviada el pasado 21 de mayo a la primera Secretaría de la Asamblea y este jueves 23 de mayo de 2024 escaló a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para ser dictaminada, pero a como es esperarse, su aprobación será inminente.
El Consejo estará integrado por los titulares de las siguientes instituciones:
- Unidad de Análisis Financiero, (quien lo coordina)
- Poder Judicial.
- Procuraduría General de la República.
- Banco Central de Nicaragua.
- Ministerio Público.
- Ministerio del Interior – Policía Nacional.
- Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
- Dirección General de Ingresos.
- Dirección General de Servicios Aduanero.
El Consejo, al estar compuesto por estas instituciones, les correspondería investigar, analizar y perseguir este tipo de delitos.
“Cortina de humo”
Para algunos críticos, esto no tendría una motivación represiva, sino para dar una apariencia de que están cumpliendo con los convenios internacionales de la ONU sobre el combate contra el lavado de dinero y salir de la lista gris por no cumplir muchos requisitos respecto a ese tema.
Sin embargo, Darío Medios consultó sobre la temática a Héctor Mairena, analista político, quien consideró que ve dos elementos en esta decisión tomada por la asamblea legislativa por orden de Ortega y Murillo.
En primer lugar, como se ha señalado, dar la apariencia (poner una cortina de humo) de que se está cumpliendo con las exigencias que a nivel internacional establecen los convenios respecto al combate al lavado de dinero. “Pero estamos claro que en Nicaragua, el orteguismo está involucrado en el lavado de dinero, eso lo ha dicho la oficina correspondiente de EEUU, en un informe al congreso en 2022”, aseguró Mairena.
Para el analista, precisamente son personas que están sancionadas por el Departamento de Tesoro de EEUU, las que están al frente de estas instituciones las que deberán velar por ello, (narcotráfico y lavado de dinero).
“Bien sabemos que el régimen busca dar muchas apariencias y no tengo duda que esta estructura estará en función de la represión, ya que cualquier instancia estatal es usada en función de las acciones represivas que el régimen aplica de distintas maneras y distintos terrenos”, explicó.
Cabe recordar, que la semana pasada, las autoridades italianas decomisaron 116 kilos de cocaína procedente de Nicaragua en un cargamento oculto en un contenedor con café que fue localizado en un puerto al noreste de Italia, cuyo valor se cuantifica en 7 millones de euros, informó la policía financiera.
Con todo y eso, éste sería un segundo cargamento procedente de Nicaragua que se decomisa, puesto que el pasado 10 de enero el Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó el decomiso de un cargamento de más de una tonelada de cocaína procedente de la nación centroamericana, en el Gran Puerto de San Petersburgo. Y las autoridades de Moscú y Managua aun guardan silencio, y la investigación no ha arrojado ningún responsable por ese delito, silencio que a criterio de opositores es porque ambas naciones son cómplices de lavado de dinero y narcotráfico y comparten afinidad política.
“Funcionarios procesados por estar involucrados con el crimen organizado”
La registradora civil de las personas de Matagalpa, Eva Cardoza González, fue procesada en el 2023 por haber facilitado la inscripción como nicaragüenses de tres hondureños y posibles narcos que pretendían viajar con parole a EEUU.
Se supo que Eva Cardoza fue nombrada registradora civil de Matagalpa en el contexto de las protestas de abril de 2018.
Esta no sería la primera vez que un funcionario de alto poder sale involucrado en ese delito, en 2012 el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna Ruiz fue acusado de ser socio de David Patrón Arce, cabecilla del grupo de narcos conocido como Los Charros, a quienes Henry Fariñas le entregaba la droga que ‘El Palidejo’ mandaba desde Costa Rica, según las autoridades.
Según el Ministerio Público, Osuna estuvo involucrado directamente con Alejandro Jiménez “El Palidejo”, el narco costarricense enjuiciado en Guatemala por ser el autor intelectual del asesinato de Facundo Cabral el nueve de julio de 2011.
El fiscal Arias de Managua lo acusó también de trasladar el dinero sucio (hasta un millón de dólares) de la organización hasta Costa Rica en vehículos que tenía asignado por el tribunal electoral.
Para hacer las cédulas falsas a nivel interno del CSE, el funcionario tenía a su asistente Carolina González, uno de sus hermanos, Francisco, y a una gestora María Isabel Rayo Orellana.
Un estudio publicado en la Universidad de Cambridge en octubre de 2023, desmonta el discurso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre los bajos índices de crímenes violentos y el narcotráfico en Nicaragua. Los investigadores sostienen que “la paz” en Nicaragua se debe al control del Estado sobre el narcotráfico y no a las políticas para combatirlo, como señala la propaganda estatal.
