En un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos, el Gobierno de Costa Rica ha reformado el Reglamento de Personas Refugiadas, revirtiendo cambios implementados a finales de 2022 que endurecieron el proceso de solicitud de refugio. Las reformas fueron publicadas el viernes 14 de junio de 2024 en el Diario Oficial – La Gaceta, marcando un nuevo capítulo en la política de asilo del país.

Las reformas incluyen varias modificaciones clave:

1. Eliminación del plazo para solicitar refugio: Anteriormente, los solicitantes debían presentar su solicitud dentro de un mes desde su ingreso al territorio costarricense. Con la nueva reforma, se elimina este plazo, asegurando que los solicitantes reciban protección y garantías equivalentes a las de una persona refugiada reconocida mientras se resuelve su solicitud.

2. Permiso laboral inmediato: Ahora, al momento de recibir su carné de solicitante de refugio, los solicitantes también obtendrán un permiso laboral provisional válido por dos años, permitiéndoles trabajar de manera remunerada sin necesidad de presentar un contrato de trabajo y estar adscritos a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como se requería anteriormente.

3. Derecho de libre tránsito y movilidad: Los solicitantes de refugio podrán viajar fuera del país informando previamente a la Unidad de Refugio. Si necesitan viajar a su país de origen por causas excepcionales, deben justificar la urgencia con al menos diez días de anticipación, salvo en casos de emergencia.

4. Procesos expeditos para solicitudes infundadas o abusivas: Se ha establecido un proceso más riguroso con doble entrevista para las solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas, asegurando el debido proceso y la posibilidad de recursos de revocatoria y apelación.

5. Revisión de la composición del subproceso de refugio: Se han detallado requisitos mínimos de profesionalidad para los integrantes de la Unidad de Refugio, permitiendo también la colaboración de personas contratadas por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales, aunque sin investidura de servidores públicos.

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Las reformas responden a críticas y cuestionamientos de la Sala Constitucional que, desde noviembre de 2022, había señalado que las restricciones impuestas por el Decreto Ejecutivo del presidente Rodrigo Chaves vulneraban los derechos constitucionales de los solicitantes de refugio. Las nuevas disposiciones buscan promover los derechos humanos y asegurar el respeto hacia las personas que buscan refugio en Costa Rica.

Jhoswell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), llevó a cabo las reformas junto con la Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE) y la RedProdepaz Nicaragua. En un comunicado conjunto, estas organizaciones destacaron que las nuevas medidas garantizan una mayor integración y protección para los solicitantes de refugio, muchos de los cuales provienen de Nicaragua.

Daguer Hernández, abogado especialista en temas migratorios, también elogió las reformas, señalando que eliminan criterios arbitrarios que anteriormente rechazaban solicitudes de personas que pasaban por países considerados seguros. Ahora, todos los solicitantes tienen derecho a presentar recursos de revocatoria y apelación.

Impacto en los solicitantes de refugio

El impacto de estas reformas es significativo, especialmente para los solicitantes de refugio nicaragüenses, que representan el 90 % de las solicitudes en Costa Rica. Con la eliminación de las restricciones previas, los solicitantes podrán integrarse más rápidamente en la sociedad costarricense y acceder a oportunidades laborales sin los obstáculos burocráticos que enfrentan antes.

Un solicitante de refugio nicaragüense, que prefirió mantener el anonimato, expresó su alivio ante las nuevas reformas, indicando que estas medidas facilitarán su integración en Costa Rica. “Son reformas que permitirán integrarme de una manera más ágil a la sociedad costarricense”, comentó.

Las reformas al Reglamento de Personas Refugiadas en Costa Rica representan un avance importante en la protección de los derechos humanos y la dignidad de los solicitantes de refugio. Al eliminar barreras y garantizar un proceso más justo y expedito, el gobierno costarricense reafirma su compromiso con la solidaridad y el respeto hacia quienes buscan refugio en su territorio. Estas medidas no solo beneficiarán a miles de solicitantes de refugio, sino que también fortalecerán la imagen de Costa Rica como un país acogedor y respetuoso de los derechos humanos.