Un proyecto social de viviendas llamado “Nuestra Señora de la Esperanza” y dirigido por la parroquia San Juan Bautista de San Juan de Limay, del cual, se han beneficiado más de 60 mil familias, fue confiscado por la alcaldía de esa misma localidad, denunció el cronista deportivo Miguel Mendoza en su cuenta de X –antes Twitter-.
Mendoza asegura que además de la expropiación ilegal del asentamiento, donde el proyecto habría construido las viviendas en Limay, fue confiscada la casa cural vieja en ese municipio. “Ahora la alcaldía de la localidad se adueñó de este asentamiento. De igual forma confiscaron la casa cural vieja”, señala la denuncia.
Así mismo, el periodista explicó que el edificio funcionaba como ciber, se ubicaba la farmacia San Juan, las oficinas de Cáritas de Nicaragua, además se hacían brigadas médicas atendiendo a la población y una biblioteca pública donde se le brindaba ayuda a estudiantes y población en general.
Edificio será ocupado por el MINED
El excarcelado político nicaragüense también resaltó que ahora, el lugar será usurpado por el Ministerio de Educación (MINED), afectando así a la población en general, ya que, con esta confiscación, más personas perderán sus empleos además de dejar en el aire a quienes se beneficiaban de una farmacia con precios “cómodos”.
“A la bibliotecaria con más de 10 años trabajando para la parroquia se le despidió sin motivos, ahora este edificio funcionará cómo oficinas del ministerio de educación. Quedando en el aire la venta de medicamentos cómodos para la población y todos los proyectos sociales que se entendían”, detalla la denuncia de Mendoza.
El régimen dictatorial de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha revivido las confiscaciones como política de Estado, una situación que ya ha afectado de manera directa a muchos nicaragüenses, puesto que los robos han sido dirigidos a ONG que se dedicaban a ejecutar programas de desarrollo social, salud, vivienda, educación y otros.
Constitución política prohíbe confiscar
Según el segundo párrafo del artículo 44 de la constitución política, señala que los bienes inmuebles sólo “por causa de utilidad pública o de interés social pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización”.
Por su parte el párrafo cuarto de ese mismo artículo, determina que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Además de esto, la dictadura ha revivido al “nefasto” Ministerio del Interior (Mint), -antes, Ministerio de Gobernación- el cual ha desatado un cierre masivo de organismos sin fines de lucro y ha robad varios millones de dólares en posesiones y equipos, una nueva “piñata” que se está ejecutando bajo el amparo de la tiranía.
