Tras un cumplirse un año de que el régimen de Daniel Ortega despojó de la nacionalidad a 94 nicaragüenses, la exlegisladora de Argentina, Paula Bertol, destacó la «valentía» de los desterrados.
En entrevista exclusiva a Darío Medios Internacional, la integrante del Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional (GIJI) expresó que esta fue «una de las tanta acciones ilegales que han llevado a cabo los dictadores a cargo de Nicaragua —Daniel Ortega y Rosario Murillo—».
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Asimismo indicó que este es «un atentado en contra de uno de los derechos —fundamentales— de las personas, como lo es su nacionalidad», por lo que afirma que esto ha provocado «sufrimiento en cada uno de los 94 y sus familiares».
Además, dijo que el objetivo del dictador Daniel Ortega es «transmitir miedo al pueblo», no obstante, subrayó que pese al contexto adverso «la fortaleza de los nicaragüenses es infinita y no los van a doblegar».
Paula Bertol: «Trabajamos para que en Nicaragua exista Justicia Verdad y Memoria»
En cuanto a que si puede haber justicia ante estas acciones arbitrarias, Paula Bertol dijo que «claro que se puede y muchos trabajamos para que en Nicaragua exista justicia, verdad y memoria».
Por otra parte, indicó que el Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional está «trabajando mucho en hacer en otros lugares del mundo demandas contra Ortega».
«Mi mensaje es de esperanza y esfuerzos mutuos para seguir alimentando un trabajo interdisciplinario y actores de todo el mundo que no se calle y exija que retorne la democracia a Nicaragua», resaltó.
A la vez afirmó que la demanda de justicia tiene sentido «no solo para los hijos y los nietos de los nicas, sino para ellos mismos , porque merecen volver y recuperar su tierra, sus raíces, sus orígenes, y así será».
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«El Señor nos guía y nosotros debemos actuar sin pausa y juntos», concluyó la exembajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un día como hoy, pero del 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo pública una lista en la que despojaba de la nacionalidad a 94 ciudadanos nicaragüenses, bajo la excusa de que habían cometido «traición a la patria», entre los que estaban periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos académicos y activistas feministas.
La resolución fue leída por el juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, aparándose la dictadura en la Ley 1145, que reformó el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua.
