Cinco organizaciones sociales documentaron más de 300 denuncias de violaciones a derechos humanos en el primer mes del régimen de excepción decretado a petición del presidente Nayib Bukele para combatir a las maras o pandillas, a las que responsabilizan de una ola de asesinatos registrados en los últimos días de marzo en El Salvador.

Las Organizaciones No Gubernamentales Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SPASS), Azul Originario (AZO) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) señalaron en un comunicado de prensa que han documentado 338 denuncias.

Según la información, la vulneración que más se ha denunciado es la detención arbitraria, lo que representaría en algunas organizaciones más del 70% de los casos recibidos, seguidos de allanamientos a viviendas, lesiones, robo e incluso la muerte de una persona detenida, en el caso de Cristosal.

El estado de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.