Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), realizada por los investigadores Wilfredo Miranda Aburto y Luciana Quintero, que lleva como título: “La punta del Iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo: Más de 250 millones de dólares en confiscaciones ilegales”, revela cómo el régimen ha violado la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 44, que prohíbe “la confiscación de bienes” y establece que los funcionarios que infrinjan esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Si nos remontamos al pasado, el propio Daniel Ortega prometió en el año 2006 “respetar la propiedad privada y no se debe ocupar propiedades pequeñas, medianas ni grandes”. El caudillo sandinista dijo estas palabras tres días después de haber ganado las elecciones que lo regresaron al poder, pero lejos estaba de cumplir lo establecido.
En febrero de 2023 –en plena cimentación de un régimen totalitario-, la dictadura aprobó una reforma al artículo 20 de la Constitución, en la cual se establece que todo nicaragüense declarado como “traidor a la patria” se le despojará de su nacionalidad.
De esta forma, el régimen Ortega-Murillo declaró como “traidores a la patria” a 317 nicaragüenses cuyos bienes pasaron a nombre del Estado.
La confiscación de bienes se trata de una medida represiva que no es nueva en las dictaduras. Por ejemplo, en 1927, la Unión Soviética de Stalin entró en vigor el “Código Penal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia”, y en especial el artículo 58-1 fue revisado varias veces para introducir la noción formal de “enemigos del pueblo”. Los declarados así eran considerados “traidores”, “saboteadores” y por ende confiscados de todos sus bienes, revela la investigación.
Sin embargo, en un contexto como el de Nicaragua, donde el régimen Ortega-Murillo ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, se ha usado la imposición de “muerte civil” contra todos los opositores, combinado con la confiscación de bienes inmuebles. Pero además –y algo que este informe no aborda– es que los nicaragüenses afectados también sufrieron el congelamiento de sus cuentas bancarias, cancelación de sus pensiones y la confiscación de bienes inmuebles a familiares.
Esta no sería la primera vez en la que el sandinismo ejecuta una “piñata”. En los ochenta, la fórmula que siguieron los sandinistas para la piñata fue declarar como somocistas a sus detractores, confiscar sus propiedades, pasarlas a nombre del Estado y posteriormente a nombre de un tercero.
En la actualidad, la ruta confiscatoria de los Ortega-Murillo es también expedita con la instrumentalización de instituciones estatales, empezando por la Procuraduría General de la República (PGR) que ha repartido ilegalmente los bienes a instituciones como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Tecnológico Nacional (INATEC), el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) y el Ministerio de Salud (MINSA).
“La primera piñata de los sandinistas”
La primera piñata de Daniel Ortega, en 1990, le costó a Nicaragua una deuda de más de 2 mil millones de dólares para resarcir los daños a los ciudadanos afectados, cuando estos demandaron al Estado por los abusos sandinistas de los años ochenta. El pago de la “piñata” ha sido por medio de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI) que fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998 para financiar las indemnizaciones de los afectados por la primera “piñata” del Frente Sandinista.
El Estado de Nicaragua terminaría de pagar la piñata hasta el año 2023. Sin embargo, a falta de información disponible no se sabe cuánto falta por pagar. Ante ese antecedente, Ortega una vez más vuelve a generarle una deuda millonaria a Nicaragua con esta nueva etapa de confiscaciones, iniciada a partir de 2018.
Sin embargo, hacer una cuantificación de las nuevas confiscaciones es complejo por muchos factores: la información disponible es nula y el terror que impera en Nicaragua por la represión dificulta de forma superlativa que las víctimas se sientan seguras a compartir información.
Además, las variables entre los confiscados son muy diversas: han sido confiscados opositores en sus condiciones de ciudadanos, grandes empresarios, gremios del sector privado, pequeñas y medianas empresas; organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y hasta sedes diplomáticas.
De modo que este informe no llega a ser una cuantificación definitiva de lo confiscado por los Ortega-Murillo a partir de 2018, sino que es apenas un primer esfuerzo para documentar lo confiscado ilegalmente por el régimen.
“Este primer ejercicio de cuantificación arroja una suma de más de 250 millones de dólares. Sin embargo, al ser un número inicial, calculado a partir de la escasa información disponible, debe ser visto como un punto de partida para una deuda ingente que crece todos los días, y que todos los nicaragüenses deberán pagar en un futuro”, explican los investigadores.
Estos más de 250 millones de dólares, pues, son la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo.
“Desnacionalizar para confiscar”
El 9 de febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró a 222 presos políticos hacia Estados Unidos. Aparte de la condena política por “traición a la patria” y otros delitos prefabricados, a los opositores les fueron confiscados todos sus bienes, incluida las pensiones de los mayores de edad y el congelamiento de cuentas bancarias. Seis días después, el 15 de febrero del mismo mes, 95 opositores más fueron desnacionalizados.
De esa forma –tras la espiral iniciada con las protestas cívicas de 2018– el régimen sandinista inauguró una nueva etapa represiva: el despojo de la nacionalidad y la confiscación de bienes. En suma, y según las condenas de corte político, fueron 317 nicaragüenses a quienes les confiscaron sus bienes.
Estimar el valor de las confiscaciones de estas personas está sujeta a dos variables fundamentales: no todos tenían propiedades y el rango de valores de quienes sí tenían es amplio (entre 50 000 a 700 000 dólares).
A pesar que el régimen Ortega-Murillo y su círculo de poder han acumulado ingentes recursos económicos, al día de hoy tienen poco acceso al empresariado del país.
A la luz de las anteriores consideraciones, entrevistado para este trabajo , el investigador Manuel Orozco explica que la razón de ser de estas confiscaciones de propiedades y acciones por parte del oficialismo “es la búsqueda de un “footprint” de inversión y comercio exprés”. “Las confiscaciones les están dando el espacio de oportunidad de entrar y controlar el sector privado”, agrega el especialista.
Orozco sostiene que las propiedades de grandes empresarios pueden sumar 300 000 000 de dólares, ya que hay casos que no se conocen públicamente. “Es un negocio redondo, porque las confiscaciones son de naturaleza clientelista para dar premios”, agregó Orozco.
“Universidades también son parte del juego sucio”
Desde el 13 de diciembre de 2021 el régimen Ortega-Murillo inició una cacería contra diversas universidades a nivel nacional, cancelando sus personerías jurídicas y confiscando sus bienes.
La Ley No.89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, decreta en su artículo 55 que “el patrimonio de las universidades y centros de Educación Técnica Superior estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que les pertenezcan”. Al cancelar las personerías jurídicas a las primeras universidades, el gobierno se dio cuenta que habían muchos obstáculos legales para poder confiscar los bienes, por eso tuvieron que hacerlo a través de tres leyes inconstitucionales que fueron aprobadas con “trámite de urgencia” el 7 de febrero de 2022.
“En el caso de la UCA, una de las universidades con mayor patrimonio, no se obtuvieron datos”, analiza el informe al mencionar también que a nivel público, solo se conoce una venta que el gobierno hizo de una hacienda de estudios de agronomía de 100 manzanas, ubicada en el kilómetro 14 de Carretera a Masaya. “Ya lo vendió el gobierno a gente favorable y amiga del gobierno. Fue una venta ilegal”, denunció el sacerdote jesuita José María Tojeira.
La propiedad de la UCA está ubicada en una de las zonas de alta plusvalía de la capital y en un futuro serviría para establecer el campus de la UCA. El precio de la vara cuadrada en esa zona oscila entre 50 y 140 dólares. Es decir, un monto de casi 50 millones de dólares.
De los 21 centros de estudios superiores confiscados por el régimen, solo se obtuvieron datos del valor de las dos propiedades confiscadas a la Universidad Paulo Freire con un valor total de 565 000 dólares y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) valorado en 30 000 000 de dólares.
En suma, para esta investigación, se documentó en el rubro de universidades la cantidad de 30 565 000. Al igual que con los empresarios, esta es una cifra ínfima respecto a lo expropiado.
Igualmente, el régimen Ortega-Murillo ha confiscado 15 propiedades de nueve asociaciones religiosas de la Iglesia católica.
“No tengo idea si hay una estimación, pero la cantidad debe ser enorme, pues no solo han congelado las cuentas de la Conferencia Episcopal y de las parroquias, sino que se han apoderado de propiedades e instituciones de la Iglesia y de cuentas bancarias de algunos sacerdotes. Los obispos que están en Nicaragua lamentablemente guardan silencio y minimizan estos hechos”, dijo a OPTA una fuente ligada a la alta jerarquía católica.
“Medios de comunicación en la lista de la piñata”
Una de las primeras confiscaciones a los medios de comunicación fueron al semanario Confidencial y al canal 100% Noticias en diciembre de 2018.
La toma de Confidencial, donde funcionaban los programas Esta Semana y Esta Noche, ocurrió el 13 de diciembre de 2018. Hasta ahora, Confidencial no ha dicho públicamente el valor de sus inmuebles confiscados.
Por otro lado, el 21 de diciembre de 2018, un fuerte despliegue policial irrumpió las instalaciones del Canal 100% Noticias. De acuerdo con Miguel Mora, el director de 100% Noticias, las pérdidas económicas trascienden los 5 000 000 de dólares, entre equipos de televisión y vehículos con que realizaban las coberturas. El valor del inmueble se calcula en unos 900 000 dólares.
Posteriormente, el plantel industrial del diario La Prensa fue confiscado el 13 de agosto de 2021, tres meses antes de las votaciones en las que Ortega y Murillo se autoeligieron para otro período presidencial de cinco años, durante una escalada represiva en la que se capturaron a más de 50 opositores.
Las autoridades justificaron la toma por la fuerza de la Policía de acuerdo a “una supuesta investigación de Aduanas, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público”. Tras la requisa de las instalaciones, la Policía detuvo al gerente del periódico, Juan Lorenzo Holmann, en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como El Chipote, donde permaneció año y medio hasta que lo desterraron y le quitaron la nacionalidad en febrero de 2023.
Los directivos del diario calculan en mas de 30 000 000 de dólares las pérdidas por la confiscación del periódico.
Entre las conclusiones de la investigación, se pudo definir que dentro de la estrategia represiva que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició desde 2018 para desarticular toda oposición en su contra, las confiscaciones ilegales de propiedades son uno de sus instrumentos más letales: han sido confiscados opositores de toda índole, incluyendo figuras jurídicas como organizaciones no gubernamentales, hasta la Iglesia Católica y sedes diplomáticas. Es una rapiña que emula la “piñata” de los ochenta y vuelve a cargar sobre Nicaragua una enorme deuda pública que recién ahora empieza a cuantificarse.
Además, existe poca o nula información sobre las propiedades cuyas confiscaciones ya han sido consumadas por el régimen Ortega-Murillo. En esto influyen dos factores: el habitual secretismo que impera en el aparato público, en especial en la Procuraduría General de la República (PGR), y el temor de las víctimas para denunciarlo por temor a más represalias.
Asimismo, esta investigación logró documentar la confiscación consumada de 135 propiedades. El valor total de ellas asciende a los 250 000 000 de dólares.
Respecto a las confiscaciones en contra del sector privado, el régimen ha enriquecido su estrategia confiscatoria: se ha adueñado ilegalmente de las acciones que los empresarios tienen en otros negocios. De esa forma, las confiscaciones les están dando el espacio de oportunidad de entrar y controlar el sector privado a la élite sandinista.
Por último, Nicaragua terminaría de pagar la primera piñata hasta el año 2023. Sin embargo, a falta de información disponible no se sabe cuánto falta por pagar. Ante ese antecedente, Daniel Ortega una vez más vuelve a generarle una deuda millonaria a Nicaragua con esta nueva etapa de confiscaciones, iniciada a partir de 2018.
Dato: Para realizar esta investigación, OPTA recurrió a datos abiertos, disponibles en medios de comunicación; entrevistas con las víctimas de las confiscaciones ilegales, fuentes empresariales y documentación estatal. Además, se aplicó un instrumento a los dos grupos de nicaragüenses desnacionalizados (“los 222” y “los 95”) para recabar información sobre las propiedades confiscadas y el valor de las mismas.
