La Asamblea Nacional, bajo el dominio del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha dado luz verde a la creación de un Consejo Presidencial para combatir el crimen organizado y delitos afines. Este paso, que se ha materializado el miércoles 05 de junio de 2024, plantea un nuevo ente encargado de coordinar y ejecutar estrategias contra una serie de amenazas delictivas que afectan a la sociedad nicaragüense.
La iniciativa, conocida como la “Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos”, ha obtenido una aprobación abrumadora en la Asamblea Nacional, con 91 votos a favor y ninguno en contra.
El propósito de este Consejo es identificar y evaluar los riesgos asociados a los delitos provenientes del crimen organizado, así como proponer políticas públicas y estrategias que serán avaladas por el presidente. Según el diputado Edwin Castro, esta medida refleja el compromiso del gobierno con la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, enviando un mensaje claro de que Nicaragua no se doblegará ante amenazas externas.
Sin embargo, lo que ha levantado fuertes críticas es la composición del Consejo. Este estaría integrado por diez ministros y directores de instituciones públicas, de los cuales siete han sido sancionados por la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Este hecho arroja sombras sobre la verdadera eficacia y transparencia del Consejo en su misión de combatir el crimen organizado.
Las y los miembros
Entre los miembros sancionados se encuentra Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien ha sido incluido en la “Lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos por Estados Unidos. Membreño es acusado de utilizar su cargo para perseguir a disidentes políticos y ex presos políticos, sin base legal alguna.
Por otro lado, la presidenta de la Procuraduría General de la República (PGR), Wendy Morales Urbina, también forma parte del Consejo y ha sido señalada por su papel en la persecución de opositores políticos y la confiscación de propiedades sin justificación legal.
Asimismo, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), ha sido sancionado por Canadá y Estados Unidos debido a su complicidad con el régimen de Ortega-Murillo y su papel en la desestabilización de la economía nicaragüense. También es parte del nuevo órgano estatal.
Mientras tanto, también parte de este “club” será Ana Julia Guido, titular del Ministerio Público (MP), quien ha sido acusada por el Gobierno francés de fabricar acusaciones contra manifestantes y de impedir la participación política del principal candidato de la oposición.
María Amelia Coronel, ministra del Interior, ha sido responsable de la cancelación de miles de ONG y de la represión de la sociedad civil, y también forma parte del Consejo ordenado por Ortega de forma sorpresiva. Su gestión ha sido cuestionada por su participación en la confiscación de propiedades y en la persecución de disidentes políticos. Por otra parte, Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, ha sido señalado por su papel en la represión de manifestantes y en el uso excesivo de la fuerza. Ha recibido múltiples sanciones por parte de la comunidad internacional; a pesar de ello, es parte del Consejo Presidencial para combatir el crimen organizado y delitos afines.
Eddy Medrano, presidente de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), es el último de los miembros de esta nueva organización del Poder Ejecutivo. Ha sido acusado de obstaculizar la libertad de prensa y de favorecer a empresarios vinculados al régimen de Ortega-Murillo.
Estos nombramientos levantan serias dudas sobre la verdadera intención del gobierno de Ortega de combatir el crimen organizado. En lugar de enviar un mensaje de transparencia y compromiso con el estado de derecho, la inclusión de personas sancionadas por corrupción y violaciones a los derechos humanos en el Consejo Presidencial sugiere una continuación de las prácticas autoritarias que han caracterizado al régimen de Ortega-Murillo.
