La ciudadana Martha del Socorro Ubilla, de 60 años, madre del preso político Marvin Castellón Ubilla, fue acusada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a otros tres opositores que fueron detenidos la semana pasada.

La Policía la detuvo en su casa la madrugada del pasado miércoles 11 de enero. Los agentes policiales le indicaron que llegaron a traerla para que se presentara a una supuesta “entrevista”, pero desde entonces permanece detenida.

En el sistema del Poder Judicial, la señora Ubilla aparece acusada en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua, cuya titular es la juez Nalia Nadehzda Úbeda Obando, quien ya ha condenado a otros presos políticos.

En la acusación también aparecen los nombres de otras personas que fueron detenidas la semana pasada. Se trata de la profesora Thelma Vanegas, de Ticuantepe; Javier Espinoza, mejor conocido como “el sonidista” de las protestas de 2018 por brindar sus servicios de altoparlantes en las manifestaciones opositoras en Managua; y el ciudadano José Ricardo Muñoz López.

Lee también:

https://www.radiodario893.com/entre-clandestinidad-y-otros-oficios-asi-sobreviven-periodistas-que-se-han-quedado-en-nicaragua/

En la acusación, la Fiscalía no especifica de qué delito están siendo acusados estos cuatro ciudadanos, pero sí se indica que la víctima u ofendido es el “Estado de la República de Nicaragua y la Sociedad Nicaragüense”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a la señora Martha Ubilla el pasado 13 de febrero de 2022. Los beneficiarios también son sus hijos Marlon y Marvin Castellón Ubilla. La CIDH consideró que esta familia se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.

En la solicitud de medidas cautelares se indica que los miembros de la familia son identificados como opositores a la dictadura de Daniel Ortega y estarían siendo amenazados, sufriendo agresiones, hostigamientos y detenciones arbitrarias “por parte de autoridades estatales y paraestatales, situación que se habría agravado el tiempo”.

La dictadura de Ortega mantiene a más de 200 personas como presas políticas entre las que se cuentan a activistas, opositores, periodistas, sacerdotes, estudiantes, campesinos y muchos más que han expresado estar en contra del régimen orteguista.