La Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz, quien en marzo sorprendió al mundo anunciando que el régimen de Nicolás Maduro había roto el orden constitucional, advirtió el martes que el Ministerio Público ha estado liberando a manifestantes de la oposición que fueron arrestados sin cumplir con el debido proceso.

La declaración es interpretada como una nueva señal de independencia de la fiscal frente al régimen bolivariano, pero sus declaraciones causaron decepción entre quienes aún esperan que la funcionaria actúe judicialmente tras declarar esencialmente que Maduro había perpetrado un golpe de Estado.

“Ella denunció que había una ruptura del hilo constitucional […] y desde entonces no ha dicho más nada. Su pronunciamiento ocasionó todo lo que hoy está pasando, es lo que causó que la gente se movilizara. Ella es corresponsable, y no puede permanecer en el medio”, afirmó un ex funcionario del chavismo que se distanció de Maduro.

“Con estas declaraciones, ella está mostrando un enfrentamiento claro con el poder judicial [el Tribunal Supremo de Justicia], pero eso [las denuncias sobre la arbitrariedad de los arrestos] no es la función más importante que ella debe cumplir. Lo que se necesita ahora es que se pronuncie sobre el golpe”, explicó el ex funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Ortega, quien antes de los acontecimientos de marzo había mostrado una lealtad incondicional hacia el régimen, explicó que un buen número de los más de 1,000 detenidos en las últimas semanas no contaban con registros claros documentando la naturaleza del arresto.

En consecuencia, “al Ministerio Público le resulta difícil conocer la conducta que el detenido desarrolló para su privativa de libertad”, expresó Ortega Díaz durante la rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

“Por eso, y apegados al ordenamiento jurídico, solicitamos la libertad plena de los mismos. Es por ello la importancia de las actas policiales para brindar seguridad en los procesos judiciales, porque no hay nada que lo sustente”, recalcó.

Explicó que incluso bajo un estado de excepción, el Estado debe garantizar el debido proceso y los arrestos deben estar acompañados por actas policiales bien redactadas.

“El país necesita seguridad jurídica para sancionar a quienes comentan delitos. No podemos apoyar acciones vandálicas”, manifestó.