Voz de América

Una tarde de noviembre Mónica Citlalli Díaz salió de su casa en una populosa localidad a las afueras de la capital mexicana para dirigirse a la escuela donde impartía clases de inglés. No llegó al trabajo.

Después de cuatro días sin señales de Díaz, de 30 años, sus familiares bloquearon la calle frente a la escuela para exigir acción a las autoridades. Dos días más tarde su cuerpo fue hallado entre la maleza junto a una carretera. 

Las mujeres en México están muriendo a un ritmo aterrador: desde enero hasta noviembre se registraron 131 feminicidios y 241 homicidios sólo en el Estado de México, que rodea a la capital, y el año pasado en todo el país hubo más de 1.000 feminicidios y homicidios dolosos, cifra sólo superada por Brasil en América Latina. 

Son tantos los casos que la mayoría recibe poca atención. Pero las protestas de la familia de Díaz presionaron a las autoridades y acapararon los titulares. 

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Algunos estados han intentado abordar el problema creando fiscalías para delitos de género. Por su parte, el gobierno federal ha declarado más de dos docenas de alertas por violencia de género desde 2015 a pedido de grupos de la sociedad civil. 

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional de Feminicidio Ciudadano de México, atribuyó la responsabilidad a los errores en las investigaciones, que van desde la preservación inadecuada de las escenas del crimen hasta la corrupción entre las policías locales y estatales, que en algunos casos se confabulan con los delincuentes. 

“El problema está en una descomposición total de un sistema de justicia colapsado”, dijo Estrada.

Dilcya García, quien dirige la fiscalía para la atención de delitos vinculados con la violencia de género del Estado de México, afirmó que la problemática es parte de la estructura social.